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El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de todo el área de servicios sociales y su ordenación «al detalle». Esto significa una «mejora significativa» y «necesaria» en los estándares de calidad de los centros, ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas. Pero también un incremento en el precio de residencias tanto públicas como privadas al tener un número de plazas más reducido y el doble de personal en atención directa.
La consellera ha admitido que, si se mejoran las condiciones, se incrementan los precios de los servicios aunque esto «nunca» repercutirá sobre los usuarios en las plazas públicas y concertadas, en las que la Generalitat asumirá el incremento del coste.
Aunque la vicepresidenta no ha concretado en cuánto se encarecerán las plazas privadas, ha insistido en que no habrá copago ni en las públicas ni en las concertadas. En cuanto a las primeras, ha recalcado: «Si la empresa decide no tocar su beneficio y aumentar el precio de la plaza al usuario, eso será otra cosa; será decisión de ellas pero no de este Consell, que garantizará siempre que se puedan cubrir los gastos generados por la mejora de vida de todas estas personas en los centros».
Mas ha lanzado un mensaje de «esperanza» y tranquilidad a usuarios y familiares: «Garantizamos que los usuarios estén atendidos en mejores condiciones, que no haya copagos a quienes reciben la Prestación Vinculada al Servicio», ha dicho.
4.600 nuevos puestos de trabajo
se crearán en las residencias públicas y privadas con la nueva norma.
Preguntada por las críticas de la patronal de las residencias Aerte sobre el aumento del precio por plaza, la consellera ha defendido que ni en infancia ni en diversidad funcional se han registrado problemas, mientras que en personas mayores las plazas que corresponden a la entidad son un 47%. A un posible recurso que pueda interponer Aerte al decreto, Mas ha recordado que la patronal ya ha presentado 11, por diferentes medidas del Consell, de los que ya se han solventado cuatro a favor de la Conselleria: por la dependiencia, la acción concertada y dos relativos a la intervención en residencias en la pandemia de covid.
La consellera se ha preguntado por qué el debate sobre el coste se genera siempre en servicios sociales y no cuando se trata de hospitales o colegios privados. En todo caso, ha dicho que le gustaría que el sector privado cumpliera las garantías establecidas en el decreto sin incrementar los precios. No obstante, ha apuntado que hay que ser «conscientes de que pueden adoptar sus decisiones y privatizar las ganancias».
«Hemos marcado las mejoras del sistema y, a partir de ahí, el libre mercado deberá decidir; tienen hasta 2027 para adaptar todas estas medidas», ha zanjado.
Con este decreto se actualiza, moderniza y unifica la normativa de los servicios sociales, por lo que se derogan hasta 15 normas, algunas, como en el caso de la que afecta al sector de la diversidad funcional y la exclusión social, que se remontan a 1990.
En líneas generales, el decreto ordena la atención primaria y la secundaria con condiciones materiales y funcionales básicas de los centros, servicios y programas, especificando las prestaciones que ofrecen y detallando aspectos organizativos, de personal o metodológicos. Una de las cuestiones que aborda el decreto es la actualización de las ratios de personal de todos los recursos incluidos en el sistema, «teniendo en cuenta la nueva realidad sociodemográfica».
Respeto a la participación de las personas usuarias, se establecen mecanismos para mejorarla y la obligatoriedad de los centros de disponer de protocolos de emergencias, de diversidad, violencia de género, LGTBI, no discriminación o salud sexual y reproductiva. En el nuevo modelo, se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad en la construcción y reforma de los recursos.
El decreto también garantiza una cobertura mínima de servicios y recursos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, «fomentando un mayor equilibrio entre las zonas de costa e interior». Con este criterio, se introducen los puntos de atención en entornos rurales y poco poblados como extensiones de los centros más próximos.
Respecto al ámbito laboral, se fomenta el trabajo no deslocalizable y la incorporación de nuevas figuras profesionales, y se potencia, además, la incorporación en las plantillas de titulaciones de ciclos formativos. En total, la vicepresidenta prevé la creación de 4.600 plazas de trabajo a raíz de esta normativa de la que ha subrayado que afecta a un sector, el de los cuidados, «altamente feminizado».
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