Borrar
Canal del Trasvase Tajo-Segura. T.A.
El 45 aniversario del trasvase Tajo-Segura
Opinión

El 45 aniversario del trasvase Tajo-Segura

La aprobación de la nueva planificación hidrológica (2022-2027) supondrá una merma de caudales que traerá una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío

Joaquín Melgarejo

Sábado, 18 de mayo 2024, 23:45

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Opciones para compartir

El trasvase Tajo-Segura debe ser contextualizado en un medio donde la escasez permanente de recursos hídricos se conjuga con la capacidad que estos tienen para crear riqueza. Los impulsores del trasvase consideraron implícitamente el agua como un factor de producción en cuyo uso debía prevalecer la eficiencia. En este caso, se trataba de aplicar los recursos a promover una agricultura de exportación con elevados rendimientos, garantizar el abastecimiento y el desarrollo del sector turístico ligado al litoral mediterráneo.

El trasvase Tajo-Segura (TTS) moviliza caudales a través de una compleja infraestructura de 292 km desde el centro de España hasta las provincias de Murcia, Alicante y Almería. Suministra también agua a zonas de Castilla-La Mancha en el ámbito de la demarcación del Guadiana. Las zonas regables superan las 150.000 ha y abastece de forma permanente a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) a más de 2.500.000 personas, que se elevan a más 3.200.000 en época estival.

El Acueducto Tajo-Segura se ha convertido, en sus años de funcionamiento, en un «instrumento vertebrador del territorio», puesto que esta vital infraestructura interconecta las cuencas del Tajo, Júcar, Segura, Guadiana y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, lo que facilita el transporte y distribución de los recursos. Además, ha permitido ampliar los objetivos originarios a otros fines. Es el caso del trasvase para socorro ambiental de las Tablas de Daimiel (cuenca del Guadiana) o las cesiones temporales de derechos.

Fue durante la II República cuando por primera vez se planteó la necesidad de realizar un trasvase intercuencas como un objetivo viable para solucionar los problemas derivados del déficit hídrico que padecía la zona de Levante, y así quedó recogido en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas (PNOH) de 1933. La inestabilidad política de los años siguientes y el estallido de la Guerra Civil dejaron en suspenso toda actividad relacionada con la realización del trasvase.

La idea de aprovechar las aguas sobrantes del Tajo en el sureste peninsular encontró en la nueva política económica sustentada en el Plan de Estabilización de 1959 su mejor argumento y en el reputado economista Manuel de Torres su mejor defensor. Con su libro El regadío murciano, problema nacional reactivó la cuestión que siempre había estado latente del trasvase del Tajo al Segura, al poner de manifiesto la rentabilidad de la obra y la oportunidad de realizarla.

El 26 de febrero de 1968 se hizo público el Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España, del que formaba parte el Anteproyecto General del Acueducto Tajo-Segura, que fue realizado por José Mª Martín Mendiluce y José Mª Pliego Gutiérrez. En él quedaban recogidas tanto las obras a realizar como los caudales a trasvasar.

La Ley del Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura de 1971 estableció que en una primera fase podrían ser trasvasados a la cuenca del Segura hasta un máximo anual de 600 hm3, caudales regulados excedentes procedentes del río Tajo; mientras que la segunda fase no sería posible hasta que se hubieran realizado las obras de regulación de la cabecera del Tajo y afluentes que fuesen necesarias para ampliar los excedentes, hasta un máximo de 1000 hm3.

El 31 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el trasvase Tajo-Segura. La Ley 52/80 de régimen económico del trasvase tuvo como objetivo básico ordenar el funcionamiento del TTS de tal forma que la gestión económica de la explotación y conservación de las instalaciones fuesen autosuficientes, y generasen recursos adicionales para cumplir las acciones compensatorias en la cuenca cedente.

El Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en 2001, ratificó y elevó a rango de ley el volumen de aguas excedentarias establecido por el Plan Hidrológico del Tajo, de manera que el umbral de aguas excedentarias del sistema de cabecera del Tajo, que opera negativamente como aguas no trasvasables, quedó legalizado y solo por ley se podría modificar en el futuro.

En 2013 se firmó el «Memorándum» de entendimiento entre la Administración Central y los representantes de los gobiernos de las comunidades autónomas receptoras del agua del trasvase Tajo-Segura, con el fin de proporcionar mayor seguridad y estabilidad a los regadíos de la cuenca beneficiaria, y en el entendimiento de la preeminente satisfacción del conjunto de las demandas en la cuenca cedente. El Memorándum recoge expresamente que el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible constituían un objetivo estratégico y socioeconómico fundamental para el Estado, cuya permanencia debía quedar garantizada. La tramitación de la Ley de Evaluación Ambiental (LEA) en 1913 sirvió de vehículo para la adopción de parte de las observaciones y recomendaciones incluidas en el Memorándum, dando lugar a unas nuevas reglas de explotación con el objetivo de reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre desembalses.

En la actualidad, el gran reto al que se enfrenta el trasvase Tajo-Segura es el de pasar de un caudal mínimo legal (Ley 52/1980) de 6 m³/s en Aranjuez a los caudales ecológicos mínimos de 8,65 m³/s en Aranjuez. El PHT aprobado por Real Decreto 35/2023 ha fijado unos caudales mínimos ecológicos en Aranjuez variables trimestralmente, y cuya media anual es de unos 8'65 m3/s y nunca inferior a 7 m3/s. La aprobación de la nueva planificación hidrológica (2022-2027) supondrá una merma de caudales disponibles para regadío en el TTS, estimados en una reducción de unos 105 hm3/año, traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío, esto supone la pérdida de unas 27.314 hectáreas. A esta cantidad habría que añadir los costes derivados del despido de unos 15.322 trabajadores y sus prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo.

Los efectos económicos sobre la producción (PIB) de las actividades ligadas a las aguas procedentes del Tajo, con destino para uso en cultivos de regadío, ascienden a unos entre 3.000 y 3.600 millones de euros anuales, dependiendo de los volúmenes trasferidos y del precio de lo producido. Estas actividades emplean a entre 77.000 y 97.000 trabajadores a tiempo completo. La importancia económica de estas actividades no sólo radica en su contribución a la producción nacional; también, es importante su contribución al valor de las exportaciones españolas, con un importe de unos 6.000 millones de euros, las provincias de Alicante, Almería, y Murcia suponen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las exportaciones de frutas.

En lo que se refiere al ámbito geográfico de la provincia de Alicante, los efectos de la reducción de caudales derivados a través del ATS por el incremento del caudal circulante en el Tajo, a partir de 2027, se establecerían en una pérdida de actividad económica general de hasta unos 198,5 millones de euros, unido a una destrucción de algo más de 5.700 puestos de trabajos en todos los sectores. Respecto a las explotaciones agrarias, la disminución de caudales del ATS para la provincia de Alicante produciría una disminución en la producción agraria de unos 61 millones de euros al año a partir de 2027. Esto representaría unas pérdidas potenciales para las explotaciones de regadío estimadas en 16,9 millones de euros en su margen neto, así como la destrucción de unos 1.700 empleos.

Asimismo, dentro de la estrategia para la adaptación frente al cambio climático, hay que destacar el importante valor de las actividades agrarias como sumidero de CO2. Se estima que el balance de carbono de los cultivos regados con aguas del trasvase, contribuyen a la fijación de una cantidad entre 1,1 y 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. Bajo los criterios de valoración de la Unión Europea, la fijación de este volumen de CO2 ha tenido un impacto económico en 2020 de unos 275 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios