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La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha metido en un lío con la Justicia. Nada que ver con denuncias ni cargos, sino sobre competencias. La representante del poder ejecutivo se ha inmiscuido en el poder judicial, al entender del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Todo a cuenta del anuncio realizado por Morante este domingo por la mañana de que el Gobierno central va a reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja para que la magistrada titular de este juzgado quede «completamente liberada para atender única y exclusivamente la causa de la dana» que ahora investiga. Un nuevo juez que se encargará de «todos los casos pendientes» y, de esta manera,
Por la tarde, el CPGJ y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana le recordaban cuál era su papel: «La adopción de medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales es competencia exclusiva del CGPJ», han recordado en un comunicado citando el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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En este caso concreto de Catarroja, «la medida de refuerzo fue solicitada por la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana y, una vez completados los trámites necesarios (que incluyen recabar informes del Servicio de Inspección y la autorización económica previa de Justicia) será estudiada por la Comisión Permanente del CGPJ el próximo martes 18». Por tanto, todavía no es definitiva, como había dado a entender Morant.
La ministra de Ciencia había asegurado que el refuerzo en este determinado juzgado es un «compromiso más» del Gobierno de España para «fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia», en referencia a la dana de Valencia. Incluso, había dicho que la firma de este refuerzo se llevó a cabo el pasado 7 de marzo. El CGPJ lo estudiará el martes, han aclarado este tarde.
La función del juzgado número 3 de Catarroja está en el punto de mira, ya que es el encargado de investigar la gestión de la emergencia el día de la dana y si caben responsabilidades penales por 233 homicidios por imprudencia. Suyo es el auto por el que ha llamado a declarar como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso. Y que ha abierto la puerta a que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, declarase como investigado de manera voluntaria. El jefe del Consell se ha negado a tal posibilidad.
«Hemos seguido muy de cerca todos los autos que ha ido presentando y que ha ido publicando la jueza», ha señalado la líder socialista, al tiempo que ha subrayado que «va quedando muy claro que se pudo hacer más y mejor». En este sentido, ha afirmado que «se pudieron tomar decisiones políticas que podrían haber salvado vidas».
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