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La Generalitat Valenciana defenderá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la población como criterio básico para el nuevo sistema de financiación autonómica que proyecta el Gobierno central. El secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, ha defendido este criterio «porque los servicios públicos se prestan a personas».
Monzó ha fijado la posición del Gobierno regional en el órgano de debate entre las comunidades autonómas. Cada una de ellas apuesta por aquello que le es más favorable, como pueda ser la dispersión y despoblamiento, caso de Castilla y León, o el envejecimiento, como en Asturias. Cada una con lo suyo.
Por el mismo motivo, las comunidades del PP van por separado a la negociación. Los populares gobiernan 11 de las 17 autonomías, más Ceuta y Melilla, desde Galicia a Andalucía. Una diversidad difícil de homogeneizar. Encima, el presidente del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, se muestra partidario de la despoblación como elemento a tener en cuenta.
En este sentido, la Generalitat Valenciana defenderá un criterio propio, que entienden más beneficioso para una de las autonomías más maltratadas económicamente con el actual sistema aprobado por el PSOE con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al frente.
Ni el actual ni el que ha presentado otra vez el PSOE, esta vez con Pedro Sánchez, favorece a la Comunitat. Al contrario, entienden desde la Generalitat, «ya que genera unas diferencias de necesidades de gasto por habitante de hasta 16 puntos porcentuales frente a los 11 puntos que existen en la actualidad». De Guatemala a Guatepeor.
«La propuesta que el Gobierno nos ha puesto sobre la mesa no beneficia en absoluto a la Comunitat Valenciana, porque es tan abierta que, en función de cómo se cierre, puede agrandar aún más las injustificables diferencias actuales y hundir todavía más a la Comunitat Valenciana», ha manifestado el secretario autonómico de Hacienda a su salida de esta reunión.
El primer misterio es cómo logrará resolver la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la financiación singular de Cataluña con los principios de igualdad y solidaridad. «Por mucho que nos quieran confundir, el sistema que nos proponen no puede ser singular y solidario a la vez, no puede ser multilateral y bilateral y, sobre todo, no puede ser que dé más recursos a todas las comunidades autónomas cuando de lo que estamos hablando es de la salida de Cataluña del régimen común», ha insistido el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó.
Por ese motivo, han reiterado que tomar como referencia la población ajustada en base a variables demográficas y correctivas «poco transparentes y sin justificación técnica, es arriesgado porque genera diferencias significativas de financiación por habitante entre comunidades no justificadas» y han defendido que estas diferencias «no deberían situarse por encima del 5 % sea cuáles sean las variables utilizadas y los pesos asignados».
Además, la delegación autonómica ha instado al Ministerio de Hacienda a plantear un esquema completo de cómo quedaría el sistema en su conjunto para reactivar la reforma, ya que considera fundamental que aclare si va a mantener los actuales fondos secundarios que «distorsionan» el reparto inicial del Fondo de Garantía.
De lo contrario, en tanto que los resultados del modelo de financiación «dependen del conjunto de variables de lo que constituye un sistema», advierten de que la Generalitat no apoyará ninguna propuesta de población ajustada «sin conocer el resto de los elementos del nuevo sistema» y sin que se incorpore de manera inmediata un Fondo de Nivelación que iguale estas regiones a la media.
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