Los costes del recorte en el Tajo-Segura en la provincia de Alicante: 1.700 empleos y 61 millones en pérdidas

Las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura reducirán no menos de un 40% el agua disponible para regadío en la provincia de Alicante, lo que implicará consecuencias económicas para el sector agroalimentario: la pérdida de 1.700 empleos y unos costes aproximados de 61 millones de euros en producción hortofrutícola.

Las cifras se han aportado en la Comisión Provincial del Agua celebrada este viernes en la Diputación de Alicante para valorar la propuesta de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. «Nos encontramos ante una situación de emergencia que requiere una respuesta», ha señalado la vicepresidenta de la Diputación y responsable de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

Ante esta situación, ha aventurado que «la Diputación de Alicante estará apoyando todas aquellas medidas sociales y judiciales que se emprendan en defensa de aquello que nos corresponde».

Como posible alternativa, se ha estudiado el trazado de la conexión entre la desaladora de Torrevieja y Ojós (Murcia), una conexión que ha generado «preocupación» en la Comisión Técnica «debido a su impacto potencial en áreas protegidas como la Sierra de Escalona».

Sobre esta obra, el director de la Comisión, el catedrático Joaquín Melgarejo, ha manifestado que la conexión requiere de «un proyecto riguroso y debería estar ejecutada en 2027». Algo imposible porque no hay Presupuestos Generales del Estado «para saber cómo y cuándo se van a pagar estas obras», ha advertido el experto.

Asimismo, el proyecto 'Vertido Cero' podría ser también un sustitutivo de parte del agua del trasvase que se va a perder, especialmente para la zona de Riegos de Levante Margen Izquierda, pudiendo alcanzarse los 16 hm3.

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