El Consell recurre al Supremo el reparto de menores inmigrantes «para evitar un traslado masivo»
La Generalitat asegura que está al 160% de ocupación de plazas
La Generalitat Valenciana interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para pedir la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes no acompañados. El objetivo de este paso judicial es «evitar un traslado inadecuado y masivo». Así lo ha trasladado la portavoz del Consell y vicepresidenta primera, Susana Camarero, en una rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano.
De esta forma, la Abogacía General de la Generalitat interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Consell sigue los pasos del Govern balear, que ya ha admitido a trámite el Alto Tribunal.
Camarero ha indicado que el Consell va a proceder a impugnar «todas y cada una» de las normas aprobadas por el Gobierno central en relación con este asunto. En este punto se ha referido a un recurso ante el Constitucional, por considerar la norma inconstitucional, y luego al Supremo.
La vicepresidenta ha recalcado que, en caso de aplicarse el decreto del Ejecutivo, «supondría una infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias, una injerencia en las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y de personas menores y, además, una infracción del principio de autonomía financiera, porque el Gobierno pretende una distribución de menores de edad migrantes no acompañados sin una planificación previa y sin destinar los recursos suficientes necesarios».
Además, Camarero ha manifestado que este decreto no ha tenido en cuenta los datos enviados por las comunidades autónomas respecto a la capacidad del sistema de protección de menores y, además, no se ha sometido a la aprobación de la conferencia sectorial. «La Comunitat es una comunidad solidaria pero también responsable respecto a la atención y a la protección de los menores migrantes no acompañados. Y no queremos que esta decisión arbitraria, injusta e inconstitucional, desde nuestro punto de vista, rompa ese sistema», ha manifestado.
Pateras
En la última patera que llegó a Alicante, había un menor que ya está en el sistema de protección autonómico. «Llegan por pateras, están llegando permanentemente, este verano han llegado distintos menores. También llegan por comunidades vecinas que, a su vez, llegan a pateras a otras comunidades y también están llegando a nuestros sistemas de protección en esos cupos de adultos que el Gobierno traslada a la Península a través de entidades sociales», ha explicado la vicepresidenta.
Las plazas en el sistema se han incrementado respecto al Botànic en 122, lo que supone un 62% de plazas más de las que existían con el Gobierno anterior. El coste anual supone 23 millones de euros. «Contamos en la Comunitat con 1.720 plazas de atención residencial de protección de menores, entre los que también se encuentran los migrantes no acompañados. Y la ocupación media de nuestro sistema está cercana al 160%», ha apostillado.
1.720 plazas de acogida
para menores
160% de ocupación
en el sistema
Estos datos, ha apuntado, llevan a la conclusión de que la aplicación automática de una fórmula «ideada y calculada» por el Gobierno de España no se corresponde con la capacidad ordinaria y, sobretodo, con la capacidad real del sistema en la Comunitat Valenciana. Y ha repetido: «El sistema de protección de menores de la Comunitat no tiene hoy capacidad para acoger a esos 571 menores que Sánchez ha decidido enviarnos con un fondo de 7,4 millones».
«Los 7,4 millones de euros entre los 571 menores que nos van a trasladar da una media de 75 euros día pero, sin embargo, el coste real en nuestro sistema de protección de estos menores es de 218 euros día. Por lo tanto, el Gobierno no está asumiendo la financiación de los menores que nos quiere trasladar a la Comunitat», ha lamentado Camarero.
Y ha concluido: «El sistema de protección actual se pone en riesgo con esta decisión y, por eso, vamos a ir pidiendo a los tribunales, en este caso al Supremo, una suspensión cautelar de las medidas que puedan llevar a un traslado inadecuado y masivo de menores».
