El asesor del exministro Ábalos, en libertad tras comparecer ante el juez

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado dejarles libres después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado prisión para ninguno de ellos.

Con todo, el magistrado ha acordado que tanto el exasesor de Ábalos como De Aldama deben presentarse en el juzgado de forma periódica a instancias del Ministerio Público.

Los agentes pusieron a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.

Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas.

La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.

Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que «no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto».

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde este martes a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.

Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.

La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.

En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.

En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

En todo caso, las fuentes consultadas por Europa Press aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado orden a la Consejería de Sanidad de iniciar una investigación interna con el fin de esclarecer la compra de mascarillas durante la pandemia sanitaria realizada a través del exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, informan fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

La investigación judicial investiga presuntas 'mordidas' en contratos cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias en la pasada Legislatura, por importe superior a los 50 millones de euros.

Además, en declaraciones a los medios de comunicación, Clavijo ha explicado que el objetivo de la investigación interna es «recabar la información por si en cualquier momento hay que ponerla a disposición judicial».

De esta manera, mostró al mismo tiempo el «máximo respeto» en materia de presunción de inocencia y la «máxima colaboración» con la justicia.

En concreto, las instrucción que ha dado es recabar qué tipo de relaciones ha tenido dicha empresa no sólo en el Servicio Canario de Salud, sino en todos los departamentos del Gobierno de Canarias.