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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, con algunos de los asistentes a la jornada. Rober Solsona / Europa Press
Una 'Alianza contra la Inflación' con más voluntad que poder de maniobra

Una 'Alianza contra la Inflación' con más voluntad que poder de maniobra

La Generalitat y la FVMP juntan a administraciones y agentes sociales para una estrategia común de la que se desliga el PP

Lunes, 14 de noviembre 2022

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La inflación superior al 10% que sufre España es uno, si no el principal, problema de los ciudadanos. El incremento progresivo de los precios durante los últimos meses ha golpeado a las familias, que no llegan a final de mes ni pueden llenar la nevera o el depósito de gasolina. Un problema de díficl solución para las adminsitraciones más cercanas, como ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Tampoco para los nacionales, toda vez que la política monetaria reside en el Banco Central Europeo.

Por ahora, la doctrina económica lo único que dicta es incrementar los tipos de interés para evitar la circulación monetaria. Sus consecuencias: un menor consumo para las familias, que no pueden acceder a créditos y a su vez tienen que hacer frente a un mayor pago de los que ya tienen, y una menor inversión en las empresas por los mismos motivos.

En esta situación, la Generalitat Valenciana y la Federación de Municipios y Provincias han intentado tejer lo que llaman la 'Alianza Valenciana contra la Inflación'. Una jornada que ha juntado a los tres niveles administrativos de la Comunitat Valenciana: autonómico, provinciales y municipales.

El reto era crear unas conclusiones únicas y unir a sindicatos, empresarios y partidos políticos en unas estrategias compartidas. Extender las ayudas que reciben las familias más vulnerables, facilitar el acceso a las subvenciones, actuar sobre el sector alimentario, implementar bonos para el comercio, bonificar impuestos y ofrecer transporte público gratuito son algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa en la cumbre. Medidas que las administraciones ya han aplicado, de una manera u otra, en los últimos meses.

El documento aprobado insiste en más ayudas, subvenciones y bonos de consumo como salida a la actual situación

Hasta aquí, todo correcto. Lo que llama la atención son las políticas tributarias: congelaciones, moratorias o reducciones de impuestos. Bien es cierto que la reforma fiscal anunciada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, contó con la unanimidad de Les Corts. Pero ahora anda el presidente lidiando con sus socios, Compromís y Podemos, sobre la anulación del Impuesto de Transmisiones en las empresas familiares.

Aquí se rompe la unanimidad que Puig pretendía conseguir. Y de la que también se ha desligado el presidente de la Diputación de Alicante, y del PPCV, Carlos Mazón. El PP no va a firmar el documento de la Alianza por no ser «suficiente ambicioso», declaró Mazón. Reivindica una «descentralización hacia lo municipal» de competencias y financiación y ha llamado a sus homólogos y munícipes a «ser reivindicativos» con las administraciones autonómicas y central.

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En la jornada ha quedado patente el poco margen de maniobra que tienen las administraciones para paliar los efectos de la inflación. Las «buenas prácticas» que anunciaba el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ya se han puesto en marcha. Parches para una hemorragia imposible de detener.

Por ejemplo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha expuesto que la subida de costes también afecta a los gastos de los ayuntamientos y ha citado medidas puestas en marcha en Alicante como una bajada de impuestos «razonable y muy selectivos porque hay que ser muy responsables», bonificaciones para la mayor sostenibilidad de las empresas y un proyecto presentado para una planta de hidrógeno verde, entre otros.

Ahí quedan los planes de eficiencia energética para racionalizar su uso en espacios municipales, las campañas de información para mejorar la eficiencia en viviendas y establecimientos y la necesidad de facilitar a empresas y vecinos un consumo eficiente, así como la instalación de instalaciones de energías renovables.

Diálogo social en directo

Quizás la mesa más interesante fue la que unió a patronal y sindicatos. Participaron el presidente de la CEV, Salvador Navarrro; la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez.

García ha pedido a la Ceoe alcanzar un Acuerdo interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) y al Gobierno llegar a un pacto de rentas. Ha señalado que «no es cierto» que subir el salario generará una inflación de segunda vuelta. Además, ha reiterado la propuesta de CCOO de destinar ayudas a los trabajadores que «tienen empleo pero no llegan a fin de mes» y pedir «agilizar» el funcionamiento de las mesas de dialogo«.

Por su lado, Ismael Sáez ha señalado que llegar a acuerdos sociales cuando las medidas consistían en inyecciones de fondos públicos era «relativamente sencillo» en pandemia, y ha pedido «hacer diálogo social no solo con subvenciones, sino atajando el problema primario».

Salvador Navarro ha puesto de manifiesto que la Comunitat Valenciana está «soportando bastante bien» la crisis de precios y ha aseverado que el «discurso sindical del bloqueo no se corresponde con la realidad», porque el número de convenios firmados ha crecido un 3% en 2022.

Navarro ha defendido, respecto al reparto de esfuerzos y los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, que España es «un país de pymes» y que, aunque ha reconocido que las grandes corporaciones registran beneficios extraordinarios, ha indicado que «muchos» de ellos proceden «de otros lugares de Europa». Asimismo, ha propuesto subvenciones para la compra de alimentos y rebajar en el IVA de los mismos.

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