Divide y vencerás

Porque a esta primera convocatoria han faltado sindicatos y partidos políticos como el PSPV, Podemos o Compromís (los miembros del Botànic) que sí están incluidos en la Plataforma pel Finançament Just. El día 18 está convocada por la CEV una segunda protesta y entonces ya veremos quién está.

Esta falta de representantes de organizaciones de izquierdas no se ha dejado notar. Otros partidos políticos, especialmente el Partido Popular, han ocupado su lugar. En las primeras filas se han dejado ver Carlos Mazón, presidente de la Diputación, y Luis Barcala, alcalde de Alicante. También acudieron las portavoces de Cs y Vox en Les Corts, Ruth Merino y Ana Vega, respectivamente.

Unas 2.200 personas, según la Policía Local de Alicante, se acercaron a la Plaza de la Montañeta. Al ritmo machacón de una versión creada para la ocasión de 'Se acabó', de María Jiménez, se desarrolló la protesta. Terminó con la lectura de un manifiesto y una declaración de intenciones leída por Joaquín Pérez, de la CEV.

Esta convocatoria puede calificarse de histórica. Es la primera vez que la provincia de Alicante sale a la calle para protestar por el «ninguneo» del Gobierno central, en esta ocasión de Pedro Sánchez. La espoleta han sido los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las cuentas públicas previstas para 2023 dejan la última a la provincia en inversiones.

El Ejecutivo prevé invertir una media de 84 euros por cada alicantino, cuando la media nacional es de 288. En total, 176 millones de euros para la quinta provincia en población, con casi 1,9 millones de residentes. Aparte, claro, de una potencia económica, turística y social a la cabeza del país. Por tanto, un retorno de inversión totalmente insuficiente para una provincia que es la quinta en España en aportaciones al PIB.

De esto se quejaba precisamente Joaquín Pérez, presidente de la CEV en Alicante: «No queremos limosna, sino inversiones para demostrar lo que podemos hacer en Alicante». Los empresarios presentaron un rosario de reclamaciones en infraestructuras para la provincia, desde el Corredor Mediterráneo hasta la Variante de Torrellano, pasando por la mejora de las carreteras.

El presidente de la Cámara, Carlos Baño, pedía «justicia con Alicante porque Alicante es solidaria y queremos solidaridad con la provincia y ya está».

El tema no es nuevo. La propia Ineca cifra en 3.500 millones de euros la deuda histórica del Gobierno de España con la provincia desde 2008. Esta es la diferencia entre lo que ha recibido Alicante y lo que le correspondería porcentualmente por población en los Presupuestos del Estado.

Alicante ha aguantado mucho. Hasta este año. El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido lo que nadie hasta ahora: la unidad empresarial alicantina. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Ineca y la Cámara de Comercio pusieron entonces los pies de pared. Hasta aquí hemos llegado. E hicieron un llamamiento a la sociedad alicantina a protestar por lo que denominan «humillación» de Madrid a Alicante.

Definitivamente, las protestas han roto la barrera de los despachos para trasladarse a las calles. Ni siquiera la mediación de algunos ministros, como el de Exteriores, con el empresariado ha conseguido calmar los ánimos. Tampoco las promesas de corregir las cuentas públicas vía enmiendas ha servido de nada. El secretario general del PSPV provincial, Alejandro Soler, llegó a asegurar 500 millones de euros para la provincia cuando se terminen de tramitar los Presupuestos del Estado en el Congreso.

Tampoco ha podido poner árnica en la herida la Generalitat Valenciana. Los presupuestos autonómicos se han volcado hacia Alicante, con 610 millones de euros de inversión territorializada. Suponen el 40% del total de gasto.

Pero los empresarios están curados de espanto. No se fían de los políticos. De hecho, la unidad de acción con la que empezó la campaña de protestas se ha resquebrajado en las últimas fechas precisamente cuando han entrado otros factores. El intento de incluir otros movimientos como la Plataforma pel Financiament Just (que engloba también a sindicatos y partidos de izquierdas como el PSOE) resultó infructuosa. Al final, se han promovido dos protestas: la del día 3 y otra para el 18.

La primera ha servido para testar el ambiente. Al frente de la protesta se sitúan los máximos representantes del empresariado alicantino: Salvador Navarro y Joaquín Pérez (CEV); Nacho Amirola (Ineca) y Carlos Baño (Cámara de Comercio). También dirigentes de asociaciones vinculadas al turismo, como Toni Mayor, presidente en funciones de Hosbec, y Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

Desde el sector agrario, el presidente de Asaja, José Vicente Andreu; del Terciario Avanzado, Pedro Fernández, o el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar (Aefa), José Juan Fornés. Entre otros.

A su lado, los políticos. El presidente de la Diputación y del PPCV, Carlos Mazón, compartió cartel con los representantes empresariales. «La provincia de Alicante ha decidido levantarse y ha dicho 'basta ya'», manifiesta.

A pesar de que Salvador Navarro (CEV) intentó quitar connotaciones políticas de la manifestación, Mazón sí aprovechó la oportunidad de subrayar las ausencias: «Yo creo que cada uno ya es responsable de sus propios actos, pero Alicante ya lleva demasiado tiempo callando y hoy lo que toca es levantarse con Alicante».

Entre el público, banderas de España y carteles contra Pedro Sánchez y Ximo Puig. Algunos del Partido Popular y otros sin firma. Y gritos contra el presidente del Gobierno.

El 18 de noviembre habrá otra manifestación para reclamar un nuevo sistema de finaciación autonómica. Esta vez convocada por la CEV e Ineca, con el apoyo de la Cámara y de otras organizaciones.