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V.P.
Elche
Miércoles, 7 de mayo 2025, 15:42
El Ayuntamiento de Elche ha acogido por primera vez una reunión de la Mesa Local del Agua, órgano en el que están representados todos los agentes sociales y actores involucrados en las políticas hídricas que afectan al municipio, en defensa del trasvase Tajo-Segura y contra las nuevas reglas de explotación aprobadas por el Gobierno de España.
El pleno de Elche ya aprobó la semana pasada una declaración institucional contra el cambio de niveles para trasvasar al entender que ponen en riesgo el regadío del Vinalopó. Así lo ha expresado también este miércoles el alcalde, Pablo Ruz: «Se trata de una propuesta que liquida la viabilidad del trasvase y que condena a la extinción a nuestra agricultura, un sector estratégico, que da empleo a muchas familias, y que en momentos de crisis mundial como la pandemia de 2020 fue la que aseguró el suministro de alimentos a muchas familias españolas».
El presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, Roque Bru, ha señalado que «los recortes en el trasvase se van a llevar a cabo a pesar de contar con más de 1.500 hectómetros cúbicos de agua en cabecera». Una situación ante la que «vamos a tener que hacer pedagogía y hacer ver a nuestros agricultores que, si se aplican las nuevas reglas de explotación, empezaremos a pasarlo mal en el año 2027». Además, Bru ha destacado que «las alternativas que proponen por parte del Ministerio no se pueden cumplir porque a Elche no puede llegar el agua desalada porque no hay infraestructuras para ello».
Por su parte, Ángel Urbina, de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, ha calificado la decisión del Gobierno Central como «un insulto cuando hoy en día hay 1.500 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía y más de 9.000 en la cuenca del Tajo y nos llegan tan solo 100 hectómetros cúbicos de agua. Un insulto que ni esta tierra, ni estos ciudadanos, incluidos los no regantes, debemos consentir».
Desde el Sindicato Central de Regantes del Acuerdo Tajo-Segura, Lucas Giménez, ha asegurado que «ya nos encontramos en la casilla de salida para defender y enfrentarnos a las decisiones que tome el ministerio desde este preciso momento». Se ha mostrado dispuesto al diálogo para aportar ideas ante las nuevas reglas de explotación del trasvase.
Desde la Diputación de Alicante, su vicepresidenta y diputada del Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha ofrecido «toda la ayuda económica, judicial o social para intentar parar este ataque brutal a nuestra provincia y a nuestra comunidad hermana, la Región de Murcia».
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