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La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha organizado, junto con la Asociación Gestión Transporte de Viajeros (GTV) y la colaboración de la Diputación de Alicante, CEV Alicante y Banco Sabadell, una jornada que ha contado con la patronal estatal, Aentra, para analizar la actual normativa y los cambios necesarios que mejoren en el servicio al viajero en autocar más allá de las líneas regulares, dentro de las políticas de movilidad sostenible que impone la Unión Europea.
Durante la jornada, el presidente de Uepal, César Quintanilla, ha reclamado un cambio de la ley actual que se remonta a 1987 y que no cubre la nueva realidad que exigen los modelos de vida, tanto en el ámbito urbano, como entre los municipios de áreas en peligro de despoblación.
Por su parte, la presidenta de GTV, Blanca Francés, considera necesarios cambios normativos para incorporar el autocar a la realidad social y a los nuevos usos, más allá de los viejos sistemas que imponen las administraciones que se han quedado obsoletos. Desde su punto de vista, las compañías de autocar pueden ser un aliado fundamental en la conexión entre personas, atender demandas ciudadanas no satisfechas y colaborar en las políticas de movilidad sostenible que impone la Unión Europea.
En este sentido, el presidente de Anetra (Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares), Luis Ángel Pedrero, considera que «los servicios de autocares pueden ofrecer mejores servicios más allá de las concesiones y las líneas regulares». Desde su punto de vista, «se pueden solucionar problemas como el existente en el aeropuerto Alicante-Elche, generar nuevos servicios entre los municipios y las universidades, sin competir con las líneas concesionales, o trabajar para establecer servicios desde los centros urbanos hasta los polígonos industriales». Así como «poder ofrecer las plazas sobrantes a eventos de especial interés, como pueden ser conciertos, viajes a la nieve, fiestas de interés turístico, etc».
En las ponencias que formaban la Jornada, el responsable de Entreprise Mobility, Cristóbal Herrera, ha pedido «cambios en la Ley de Movilidad Sostenible, especialmente cuando afecta a las empresas que generan sistemas de transporte propio». Esta situación penaliza en el IRPF de los trabajadores y no está incentivado para las empresas, en contra de lo que ocurre en el resto de Europa. En similar situación se encuentra el transporte escolar, según explicó Sonia Lorenzo, vicepresidenta de Aetram. Desde su punto de vista, «es importante generar otros modelos donde el medio de transporte preferente hasta los centros escolares sea el autocar, que descongestiona los núcleos urbanos y garantiza el transporte en el entorno rural, todo ello respetando el actual modelo de autocar exclusivo, ya que compartirlo con la línea regular, produciría justo el efecto contrario al aumento de la seguridad de los menores que es lo que perseguimos».
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