Los recortes del Gobierno al Trasvase Tajo-Segura ponen en riesgo más de 60 millones y 1.500 empleos en Alicante
La Generalitat impulsará un frente común con Murcia y Almería para revertir las modificaciones en las reglas de explotación de la infraestructura
Modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura traerá consecuencias devastadoras para la provincia de Alicante. Las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno central provocarán pérdidas en la producción de casi 61 millones de euros y la destrucción de 1.700 puestos de trabajo.
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El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ofrecido estos datos sobre los efectos económicos en las explotaciones agrícolas de la provincia durante la apertura del Congreso Nacional del Agua celebrado este viernes en Elche.
Según ha destacado, la implantación plena del régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas de explotación del trasvase que pretende aplicar el Gobierno «reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío».
Esto supondría, además, «una pérdida patrimonial total de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas de regadío», junto a la destrucción de más de 15.000 empleos relacionados con el Trasvase Tajo-Segura.
Por todo ello, Mazón ha reivindicado la necesidad de mantener las actuales reglas de explotación, ya que «no hay razón técnica ni científica» que avale la decisión del Gobierno de España -el cual carece de «voluntad de diálogo»- de acabar con esta infraestructura hídrica clave para la provincia de Alicante.
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En este sentido, señala que las reglas «no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro» e insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a desarrollar «una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos», ya que «se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor».
El jefe del Consell ha reclamado, en la misma línea, la creación de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas al riego, una actuación «imprescindible» para mejorar el régimen fluvial y disminuir los desembalses en cabecera sin merma de garantías en la cuenca cedente.
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Frente común con Murcia y Almería
Las intenciones del Gobierno para implantar el régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura tendrán un «impacto especialmente negativo» sobre las provincias de Alicante, Murcia y Almería; por ello la Generalitat impulsará un frente común con accesiones concretas entre todas las comunidades autónomas afectadas, los regantes y los ayuntamientos, ha avanzado Mazón.
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