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Los pensionistas representan la cuarta parte de la población española y deberían participar en un hipotético pacto de rentas que el gobernador del Banco de España volvió a defender este martes en su comparecencia en la Comisión Presupuestaria del Senado. Pablo Hernández de Cos insistió en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas donde todos asuman una «pérdida de renta real», mediante la moderación salarial y de los márgenes empresariales con el fin de evitar los efectos nocivos de una inflación 'de segunda vuelta'. En este marco de moderación se incluirían el salario mínimo y, de forma coyuntural, los pensionistas, aunque dejando fuera las pensiones mínimas o incluso un tramo más alto. Cos matizó que no cuestiona la vinculación al IPC aprobada por el Parlamento como elemento estructural, pero que eso sería compatible con una medida restrictiva temporalmente, de forma que «se distribuyera la pérdida de bienestar entre todos».El Banco de España calcula que la pérdida de renta por el encarecimiento de los bienes este año es de cerca de tres puntos porcentuales del PIB, es decir, unos 40.000 millones de euros, y que intentar evitar este ajuste «necesario» no puede sino «desencadenar un proceso inflacionista más persistente y prolongado».
Por otra parte, el gobernador anunció que el Banco de España registrará pérdidas antes de la aplicación de provisiones en los próximos dos o tres años, debido a que el coste de sus pasivos crecerá más que la rentabilidad de sus activos, en consonancia con la subida de tipos de interés, que también les afecta a los bancos centrales. No obstante, el Banco de España cuenta con 31.380 millones en provisiones con los que irá cubriendo esas pérdidas, aunque no podrá ya aportar ingresos a las cuentas públicas en los próximos años.
Hernández de Cos anticipó que el BCE seguirá subiendo los tipos de interés puesto que las expectativas de inflación la mantienen por encima del objetivo del 2%. Y volvió a recalcar la necesidad y la urgencia de un plan de consolidación fiscal que permita reducir el endeudamiento y el déficit estructural. Para el año que viene el Plan Presupuestario del Gobierno prevé un «déficit público estructural elevado del -3,4%», nivel similar al de 2019 y que incluye como ingresos estructurales el aumento de la recaudación de los últimos años, derivado en gran parte de la inflación, por lo que en realidad ese incremento de ingresos es transitorio.
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