La patronal de apartamentos turísticos sobre la moratoria de nuevas licencias a los bloques en Alicante: «Pone en jaque el empleo del turismo legal»
Desde ApturCV cargan contra el consistorio alicantino e insisten en que los edificios destinados a este uso no llegan al 0,22% del parque total de la ciudad
Este jueves se conocía la decisión del Ayuntamiento de Alicante de no conceder nuevas licencias a los bloques de apartamentos turísticos. Una decisión que no ha gustado nada a la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (Aptur) de la Comunitat Valenciana.
Desde la patronal del sector han cargado contra el consistorio y aseguran que estas medidas «carecen de justificación técnica y generan inseguridad jurídica para los inversores que han actuado conforme a la normativa». Sin embargo, donde ponen el verdadero foco es en el efecto que tendrá sobre los trabajadores, llegando a asegurar que «pone en jaque el empleo vinculado al turismo legal».
Aptur explica que de los 53 bloques de apartamentos turísticos son 396 las afectadas, una cifra que «apenas representa el 0,22% del parque total de viviendas de la ciudad de Alicante, que asciende aproximadamente a 187.000». Es por ello que lamentan «la percepción alarmista y distorsionada» que transmite esta moratoria.
Para la patronal la decisión «castiga a quienes han apostado por recuperar el patrimonio edificado con recursos propios y dinamizar los barrios con actividad turística compatible con la vida local». Además, recuerdan que los bloques de apartamentos turísticos «permiten preservar bajos comerciales para uso de pequeños negocios y generan empleo directo e indirecto en comercios, servicios, hostelería y mantenimiento».
De la misma manera, la patronal insiste en que estos alojamientos «favorecen la revalorización de barrios degradado y el retorno del capital privado en zonas olvidadas por las políticas públicas de vivienda». Es por ello que tildan de «incoherente» la decisión del ayuntamiento de «imponer restricciones urbanísticas arbitrarias a quienes sí han invertido legalmente, asumiendo el riesgo económico y legal que toda rehabilitación implica».
«Este tipo de decisiones, revestidas de una supuesta «espera técnica», no resuelven el acceso a la vivienda ni garantizan un modelo de ciudad más equilibrado. Por el contrario, deterioran la confianza institucional, judicializan la inversión y alimentan la inseguridad jurídica en el desarrollo urbano», critican en Aptur, quienes recuerdan que han interpuesto una demanda contra la actual moratoria.
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