«Quinquenio negro» de la inversión pública en Alicante por el retraso en la aprobación de los PGE
Fopa alerta de que extender las cuentas de 2023 supondrá «un golpe a la productividad empresarial» de la provincia
La Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante (Fopa) tacha de «quinquenio negro» la falta de inversión del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Alicante. Los últimos Presupuestos Generales del Estado se aprobaron en 2023, que dejaban a la provincia de Alicante a la cola de España en inversión. Este martes, 30 de septiembre, termina el plazo legal para presentar las cuentas de 2026 y no parece que el Ejecutivo tenga un anteproyecto (de hecho, no hay ni techo de gasto aprobado) ni, mucho menos, cerrados los apoyos de los socios parlamentarios para sacarlos adelante.
Esta situación de inestabilidad política supone «un golpe a la productividad» de la provincia de Alicante que se arrastrará las próximas décadas, según Fopa. La patronal, además, lamenta «la tendencia generalizada a la baja de las licitaciones públicas en materia de infraestructuras». Aquí mete tanto al Gobierno central como de la administración autonómica.
El presidente de Fopa, Javier Gisbert, considera que estas dos coincidencias pueden ser un «golpe a medio y largo plazo» a la productividad empresarial y a las oportunidades de la provincia. Alicante, asegura la federación de constructoras, «viene arrastrando severos problemas en materia de infraestructuras y de adaptación de sus sistemas de comunicación» con respecto al resto de provincias y frente a sus competidores europeos. Una situación «inaguantable« y, lo que es casi peor, »se trata como anecdótica, sin darle la importancia social y económica que en verdad supone«.
Licitaciones a la baja
Otra de las preocupaciones de la Federación alicantina son los bajos ritmos de licitaciones de obras, que se han reducido con respecto a los años anteriores, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma. «Son datos preocupantes, que permite deducir que no hay un impulso por no perder el tren de la conectividad, la seguridad y la generación de infraestructuras destinadas a la mejora de la sociedad, que permita una movilidad urbana más sostenible y mejores condiciones para el tejido empresarial de nuestra provincia», ha comentado el presidente de Fopa, Javier Gisbert.
«No se trata del día de hoy, se trata de que no hay apuesta de futuro para nuestra provincia, mientras el resto del mundo sí se está preparando para otras situaciones económicas. Una situación que pagaremos décadas, tiempo necesario para recuperar el tiempo perdido en este quinquenio negro», alertó Gisbert.
Las empresas del sector en la provincia de Alicante consideran que «existe una miopía política que no es consciente de los riesgos de trabajar en precario, sin presupuestos durante toda una legislatura, que tiene un efecto social y económico que no se contabiliza», ha apuntado Gisbert.
Además, recuerda que en la provincia – como en el resto de la Comunitat – invertir en obra pública supone trabajar en seguridad, en protección, en la reducción de riesgos y en salvar vidas ante fenómenos climáticos cada vez más virulentos». Esta situación es más grave en la provincia de Alicante como consecuencia del déficit en inversión que sufre cada año en los Presupuestos Generales del Estado, que la sitúan como la última provincia desde 2022.
