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Oficina de la Agencia Tributaria en Madrid. Ep
El nuevo impuesto a los ricos aún mantiene diferencias entre comunidades

El nuevo impuesto a los ricos aún mantiene diferencias entre comunidades

Los economistas critican que España nada a contracorriente en la imposición sobre la riqueza dentro de la UE

Clara Alba

Madrid

Martes, 14 de marzo 2023, 16:28

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Los planes del Gobierno para intentar que las rentas altas contribuyan más a financiar las medidas anticrisis han provocado algunos movimientos de las comunidades autónomas para evitar que lo que los más ricos pagan en sus territorios acabe derivado al Estado.

Una de las justificaciones del Ejecutivo para la puesta en marcha del nuevo tributo de solidaridad a las grandes fortunas es la diferencia entre comunidades que habían originado una situación de competencia desleal, una especie de 'dumping fiscal' con bonificaciones al 100% sobre el impuesto de Patrimonio en Madrid y Andalucía, o del 50% en Galicia. Ahora, al no pagar patrimonio, deben pagar grandes fortunas, que afecta a aquellos ciudadanos con más de 3 millones de euros.

Sin embargo, ese ese objetivo de estrechar la brecha será bastante limitado. En general, las autonomías blindadas al nuevo gravamen -más allá de País Vasco y Navarra, que no pagarán el nuevo tributo- serán las que tengan un tipo máximo superior al 3,5% en Patrimonio.

Según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023 publicado el martes por el Consejo General de Economistas, las diferencias entre comunidades se estrecharán algo, pero seguirán siendo notables. Por ejemplo, un patrimonio de cuatro millones de euros en Madrid o Andalucía pasaría de abonar cero euros en su comunidad a unos 5.100 euros por el nuevo tributo a los ricos al Estado.

La cifra contrasta con los 59.919 euros que seguirían abonando en Extremadura (con un tipo máximo del 3,75%) por el impuesto de patrimonio, o los 49.997 euros de Islas Baleares (con un tipo máximo del 3,45%), las dos comunidades donde sale más caro ser rico.

En otras regiones, si el patrimonio es muy elevado, pueden tener que pagar el nuevo impuesto, como es el caso de Murcia (tipo máximo del 3%), donde ese mismo caso de un ciudadano con cuatro millones de euros abonaría 879,44 euros por Patrimonio y 5.100 euros sumando grandes fortunas al Estado. Es decir, 4.220 euros más que antes.

La brecha sí se notará menos cuando los patrimonios sean más elevados. Por ejemplo, para 15 millones de euros, en Madrid se pasaría de no pagar nada a tener que abonar 278.364 euros al Estado. Y en Murcia se pagarían 39.839 euros más, pasando de 238.525 por patrimonio a los 278.364 que habría que pagar sumando el impuesto a las grandes fortunas. En este caso, en Extremadura se seguiría pagando 418.155 euros.

Galimatías regulatorio

Más allá de las bonificaciones aplicadas, algunas comunidades han movido ficha para blindar sus ingresos y evitar que lo que pagan los ricos por patrimonio en sus territorios acabe derivado al Estado vía el nuevo tributo que entró en vigor en 2023. Murcia, por ejemplo, incrementó el mínimo exento a 3,7 millones de euros para que no presenten el impuesto aquellos que tampoco están obligados a pagar el de solidaridad al as grandes fortunas. Pero ha sido Cataluña la que ha realizado un movimiento más agresivo.

En concreto, la región elevó del 2,75% al 3,48% el tipo máximo de su impuesto de Patrimonio. Valencia, por ejemplo, también lo ha subido al 3,75%, pero ya lo tenía en el 3,5%. En el País Vasco, por ejemplo, con tipos del 2%-2,5% «como no tienen que pagar el impuesto de solidaridad, se puede decir que los ciudadanos allí están mejor tratados en materia fiscal», indican los economistas.

«España nada a contracorriente en la imposición sobre la riqueza dentro de la UE con el impuesto temporal a las grandes fortunas», indica el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich. Y tachan al Gobierno de crear este tributo solo para «tapar los agujeros» que algunas autonomías abren en el de Patrimonio.

Según ha recordado, además, la utilización de la capacidad normativa que tienen las CCAA con los tributos cedidos ha derivado en 958 impactos normativos, de los que 317 corresponden al IRPF (sobre todo bonificaciones), que apenas implicaron un ahorro para los contribuyentes de 498 millones de euros, un 0,47% de la recaudación total.

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