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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, atienden a los medios en Alcaldía. JV
Barcala pide al 20% de accionistas del Sabadell de Alicante que «se lo piensen» antes de aceptar la oferta del BBVA

Barcala pide al 20% de accionistas del Sabadell de Alicante que «se lo piensen» antes de aceptar la oferta del BBVA

El alcalde de Alicante admite el coste «reputacional» que tendría para la provincia quedarse sin la sede social de la futura entidad

Jueves, 9 de mayo 2024, 12:22

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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, eleva la voz ante la Oferta Pública de Acciones (OPA) del BBVA sobre los títulos del Banco Sabadell. Apela directamente al 20% del accionariado que hay en la provincia de la entidad pretendida para que «se lo piensen» antes de aceptar la oferta del banco vasco por las repercusiones negativas que tendría sobre la provincia de Alicante.

Barcala pone sobre la mesa, en primer lugar, que «el coste de la operación se va a recuperar en cerrar oficinas y despedir gente» que hay en la provincia, donde el Banco Sabadell tiene máxima presencia. En otro concepto, el alcalde de Alicante admite el «coste reputacional» que tendría sobre la provincia perder la sede social de la nueva entidad.

Recuerda que el Banco Sabadell ha recogido la «tradición financiera alicantina» de las antiguas Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, luego Caja Mediterráneo. Y que la entidad trasladó la sede social de Cataluña a Alicante en 2017, por lo que procede a pagar sus impuestos en Alicante. Un dinero que se iría de la provincia. «La pérdida de la sede social y la red de oficinas es muy perjudicial», ha reiterado el primer edil alicantino.

El alcalde ha hecho estas declaraciones después de reunirse con la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en el Consistorio capitalino. Merino ha reiterado el rotundo rechazo del Consell a la operación bursátil. «Es una noticia pésima, en el fondo y la forma», ha indicado Merino.

La OPA tiene un carácter hostil, es decir, no cabe negociación entre las partes. Se ha fijado un precio y quien tenga más acciones controlará la entidad. Una actuación legal, pero que la consellera de Hacienda entiende que «no es de recibo que se hagan las cosas así». La principal preocupación del Consell es el cierre de oficinas y la reducción de la plantilla.

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