Villena presenta un recurso contra tres plantas fotovoltaicas

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Villena, Francisco Iniesta, ha confirmado este miércoles que el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas que da el visto bueno a tres nuevas plantas fotovoltaicas en el municipio. Los proyectos pertenecen a Villasol, Atalaya PSF y Frutasol.

«El pasado 11 de julio se realizó un pleno extraordinario en el que se aprobó la suspensión de la tramitación y la admisión a trámite de las licencias urbanísticas para la implantación de instalaciones de plantas fotovoltaicas mientras se lleva a cabo la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este se regularán las áreas afectadas por esta suspensión que protegen nuestro entorno. La Generalitat ha dado el visto bueno a estas tres plantas por lo que hemos interpuesto un recurso de alzada», ha comentado Iniesta.

En la modificación del PGOU, se definirán las áreas con alta y muy alta capacidad agrológica. Además, se tendrán en cuenta los elementos de alto valor de relevancia local y los usos residenciales considerando los Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local, los incluidos en el 'Catálogo de elementos, edificios y conjuntos de interés histórico-artístico' del término municipal de Villena y los yacimientos arqueológicos, subrayan fuentes municipales. Asimismo, el suelo no urbanizable de especial protección, suelo de especial protección paisajística y los usos residenciales.

«Estamos a favor de las energías renovables y apostamos por ellas, pero también tenemos que proteger nuestro territorio y por eso desde este Ayuntamiento marcamos y marcaremos líneas estratégicas para conjugar ambas cosas. Está en marcha un nuevo decreto a nivel regional que modificaría estas líneas, tendremos que esperar y seguir trabajando», ha comentado Francisco Iniesta.

Respecto al nuevo decreto de Conselleria, Iniesta ha destacado entre las principales novedades que se limita al conjunto de las plantas el 10% de ocupación máxima de suelo no urbanizable de cada municipio que puede utilizarse para la implantación de instalaciones fotovoltaicas «cuando en el Ayuntamiento tenemos la cifra establecida en un 3%», ha comentado el concejal.

También marca que será la Conselleria la que decidirá el lugar definitivo de implantación de estas plantas y prohíbe a los ayuntamientos adoptar la suspensión general de tramitación de licencias para las instalaciones. Además, elimina la obligatoriedad de acreditar la disposición efectiva de recursos económicos y financieros.

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