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Un operario de la limpieza urbana en la playa de Levante de Benidorm TA
Toni Pérez defiende la validez de los pliegos de la megacontrata de la basura de Benidorm

Toni Pérez defiende la validez de los pliegos de la megacontrata de la basura de Benidorm

El alcalde insiste en que esperará a los informes técnicos antes de tomar una decisión sobre los siguientes pasos a seguir

Jueves, 7 de marzo 2024, 14:20

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El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Benidorm, con el contrato caducado desde 2018, se ha convertido en uno de esos culebrones políticos que, tras interminables giros de guion, parecen abocados a no encontrar la clave para afrontar su temporada y capítulo final.

El último de esos giros de guion que ha sufrido este interminable serial ha venido dado por la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tumbando el pliego de condiciones aprobado por el pleno, con los votos favorables del gobierno local, y que establecían, en un muy general resumen, una licitación por un periodo de 15 años y un precio de más de 360 millones de euros.

Y todo, partiendo de una denuncia realizada ante ese organismo por parte del PSPV-PSOE local que ayer, apenas 24 horas después de conocerse la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales salió a la palestra para, en voz de su portavoz, Cristina Escoda, pedir explicaciones al alcalde de la ciudad, Toni Pérez.

El primer edil, que desde el primer momento ha asegurado que no tomará decisión alguna al respecto hasta que los técnicos municipales hayan podido estudiar a fondo la resolución y emitir sus informes pertinentes, ha comparecido este jueves para, ante todo, defender el proceso y el propio pliego tumbado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha recordado que «estos pliegos, tanto técnicos como administrativos, han obtenido el beneplácito, por dos veces, de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Hacienda y de la Intervención General de la Generalitat».

Toni Pérez ha querido ejemplificar la validez de los pliegos de condiciones aprobados por su equipo de gobierno asegurando que «ninguna de las empresas, ni las que han analizado los pliegos ni las que han hecho consultas, han recurrido los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales» y ha afirmado que «no ocurre así en todos los ayuntamientos».

Además, ha insistido en que «quienes compiten por un contrato se han presentado, algunos han planteado dudas, y han decidido si presentarse o no, pero ninguna de esas empresas ha presentado recurso alguno ante el TACRC».

Asimismo, ha cargado contra el PSPV-PSOE local por los tiempos utilizados a la hora de presentar ese recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya que, según afirma Toni Pérez, «lo que no es habitual que ocurra, si lo presentan unos concejales que conocen perfectamente todo el procedimiento que llevamos años siguiendo, es que eso se haga y que una resolución como la que hemos recibido ahora genere un perjuicio a la ciudad de Benidorm porque esto tiene consecuencias económicas».

El primer edil de la capital turística de la Comunitat Valenciana ha abundado en que «el contrato, en la parte técnica, no tiene ningún 'pero'» y que la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales «sólo introduce cuestiones en la parte administrativa. Lo más relevante es que no es un contrato a 15 años, sino a diez años».

Y es de la mano de la reducción del tiempo del contrato propuesta en la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que sugiere que la misma se quede en diez años, de donde llegarán, en opinión de Toni Pérez, las «consecuencias de que Cristina Escoda, Sergi Castillo y sus compañeros hayan acudido al TACRC y que no lo haya hecho nadie más».

Pérez ha afirmado que «con el contrato actual, a 15 años, estamos hablando de un coste de servicio por año de 21.600.000 euros. Si ese contrato es a diez años, como proponen los concejales socialistas, constará 28 millones al año».

Además, ha asegurado que «conviene recordar que el contrato propuesto a 15 años patrimonializa todas las inversiones, es decir, pasan a ser propiedad municipal. Algo que no va a suceder ahora».

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