El caso de los 43 presuntos 'enchufes' en el Ayuntamiento de Benidorm se juzga en la Audiencia de Alicante tras 12 años
Ocho exresponsables municipales, entre ellos dos exconcejales socialistas, se sientan en el banquillo a partir de este jueves
Después de doce años de instrucción y retrasos judiciales, este jueves arranca en la Audiencia Provincial de Alicante el juicio por los 43 presuntos 'enchufes' en el Ayuntamiento de Benidorm. En total, ocho personas están acusadas de delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, entre ellas dos exconcejales socialistas, técnicos municipales y representantes sindicales.
El proceso judicial contará con 32 testigos y se prolongará durante seis sesiones, hasta el próximo 16 de diciembre. La Fiscalía solicita penas de hasta cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por presuntas irregularidades cometidas entre los años 2009 y 2012, en el marco de contrataciones de personal vinculadas al PSOE.
En esta primera jornada está prevista la declaración de los imputados, entre los que figuran los exconcejales socialistas Natalia Guijarro, responsable de Hacienda en aquel momento, y Juan Ramón Martínez, quien ocupaba la cartera de Recursos Humanos.
Junto a ellos también se sientan en el banquillo José Asensio Salamero, entonces jefe de Contratación; Daniel Caneiro, del área de Personal; María Dolores Cantó, técnica de Relaciones Laborales; Julio Fernández, responsable de Nóminas; María Matilde Martínez, del Negociado de Personal; y Carmen Navarro, funcionaria de Recursos Humanos.
130 contratos bajo sospecha
La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Benidorm (SPPLB), que señaló irregularidades en la contratación de 130 trabajadores temporales en 2010.
Según la acusación, al menos 43 de esos contratos habrían beneficiado a personas con vínculos familiares o políticos con miembros del equipo de gobierno socialista de la época, lo que habría supuesto un trato de favor contrario a los principios de igualdad y mérito en el acceso al empleo público.
El sindicato denunciante aportó también los informes del Interventor municipal, que ya en su momento advirtió de la falta de justificación de las contrataciones. En dichos documentos se señalaba que el procedimiento habría ocasionado un perjuicio económico al Ayuntamiento estimado en 4,5 millones de euros, derivado de las irregularidades detectadas en los contratos y sus condiciones laborales.
Estas advertencias no impidieron que las contrataciones se llevaran a cabo, lo que ha derivado en una larga instrucción judicial que ha mantenido la causa activa durante más de una década.
El juicio por los presuntos enchufes llega en un momento de máxima atención mediática, dado el impacto que podría tener en la imagen institucional del Ayuntamiento de Benidorm. La vista oral, que se celebra en la sede de la Audiencia Provincial de Alicante, se desarrollará en seis sesiones repartidas entre noviembre y diciembre, con la participación de testigos, peritos y funcionarios municipales.
Fuentes judiciales prevén que la sentencia podría conocerse a comienzos de 2026, cerrando así un caso que ha marcado la política local benidormense durante los últimos años.
