Un municipio de Alicante aprueba una moción para frenar el aumento de la tasa de basura impuesto por el Gobierno
El Ayuntamiento recuerda que absorbe cerca del 60% del coste de la basura y exige un modelo que respete la autonomía local
M.H.
Torrevieja
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:59
El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado un paso al frente contra la Ley 7/2022 de residuos al aprobar una moción que exige al Gobierno su reforma urgente. El Consistorio denuncia que la normativa estatal obliga a trasladar a los vecinos el 100% del coste de la recogida y tratamiento de basura, una medida que -según el equipo de gobierno- provocará subidas generalizadas en hogares, comercios y alquileres.
El Ayuntamiento defiende que la ley es confusa, resta autonomía a las administraciones locales y castiga a quienes, como Torrevieja, llevan años asumiendo gran parte del gasto sin incrementar los recibos. La moción ha sido aprobada este lunes en Pleno, con los votos a favor de PP, VOX y Sueña Torrevieja, y en contra del Grupo Municipal Socialista.
Una ley por la que el Ejecutivo obliga a los consistorios a repercutir a los vecinos el 100% del coste de la recogida y tratamiento de residuos, independientemente de la voluntad municipal o de la capacidad económica de cada territorio.
El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, ha destacado que la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) ya ha reclamado por unanimidad una reforma de la ley por ser «confusa, desigual e incompatible con la autonomía municipal». Además, ha destacado que numerosos ayuntamientos españoles están realizando subidas de entre el 25 % y el 40 % para cumplir la normativa, mientras que otros la están calculando con criterios que nada tienen que ver con la generación real de residuos.
«La propia Asociación de Inspectores de Hacienda Local advierte de que, incluso con esta tasa obligatoria, solo se está cubriendo una media del 65,5% del coste real del servicio. Y eso ocurre -ha señalado Paredes- porque muchos ayuntamientos no tienen estudios actualizados y están vinculando la tasa al IBI o al consumo de agua. Eso no refleja la basura que genera cada vecino y acabará en recursos judiciales, anulaciones de ordenanzas y nuevas subidas en esos municipios.»
Impacto económico
El concejal ha destacado también el impacto económico y social de la norma estatal. «La FEMP ya ha advertido de que esta tasa se trasladará al precio del alquiler. Si el propietario paga más, lo repercutirá al inquilino. Esto afectará especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y pensionistas.»
Además, ha explicado que esta medida golpeará también a comercios, bares, restaurantes y pequeñas empresas, que verán cómo su recibo se incrementa de forma obligatoria sin que el Estado aporte financiación para cumplir sus propios objetivos de reciclaje.
Paredes ha incidido en que la ley introduce bonificaciones ambientales «que suenan bien en el papel, pero que en la práctica resultan imposibles de aplicar sin inversiones millonarias en tecnología que nadie financia. Es otra muestra de una norma diseñada desde Madrid, sin hablar con los ayuntamientos.»
El concejal ha recordado que Torrevieja lleva años protegiendo a sus vecinos, asumiendo directamente un porcentaje muy elevado del coste del servicio: «Nuestro Ayuntamiento ha absorbido alrededor del 60% del coste total de la basura, más de 20 millones de euros anuales entre 2024 y 2025, sin subir la tasa, sin actualizarla al IPC y manteniendo el IBI en el mínimo legal. Esta ley castiga especialmente a los municipios que han hecho los deberes, que han sido prudentes y han gestionado con responsabilidad».
Qué propone la moción
La moción del Grupo Municipal Popular aprobada hoy en Pleno propone instar al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica a modificar la Ley 7/2022 y eliminar la obligación de repercutir el 100% del coste del servicio sobre los vecinos.
También reformar la ley para garantizar la autonomía municipal, permitir modelos de financiación mixtos, establecer incentivos reales al reciclaje y aplicar bonificaciones sociales para colectivos vulnerables; crear mecanismos de financiación estatal y autonómica que permitan cumplir los objetivos europeos sin subir indiscriminadamente las tasas; y poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos.
Paredes ha concluido asegurando que «Torrevieja va a seguir defendiendo un modelo de ciudad que no castigue a sus vecinos, que mantenga los impuestos bajos y que respete la autonomía municipal. Lo que pedimos es sentido común: que no se impongan desde Madrid obligaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad económica de los ayuntamientos y el bienestar de las familias.»
