La vicepresidenta Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MIinistros. / EFE/Sergio Pérez

El Gobierno firma la defunción del Trasvase

El Consejo de Ministros aprueba el plan de cuenca que aumenta los caudales ecológicos y deja sin recursos al acueducto | El Ministerio compensa con una subvención al agua desalada y la promesa de inversiones millonarias para depuración

José Vicente Pérez Pardo
JOSÉ VICENTE PÉREZ PARDO Alicante

El campo alicantino ha vivido este martes uno de los días más tristes. Ni la movilización social, que ha llegado hasta el mismo Palacio de la Moncloa, ni la presión política han conseguido reconducir el objetivo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de asestar un recorte casi mortal al Trasvase Tajo-Segura.

El Consejo de Ministros ha puesto fecha de defunción al Trasvase: 2027. El nuevo plan de cuenca del Tajo prevé un aumento progresivo de los caudales del río de 6 a 8,6 hectómetros cúbicos dentro de cuatro años. Con esta cantidad, es inviable la transferencia de caudales por el Acueducto.

Los regantes lo han intentado todo hasta última hora. Hasta se han plantado a las puertas de la Moncloa para intentar que el Gobierno diera marcha atrás y se abriera a negociar. Pero todo ha sido en vano.

Pero la lucha continuará. El Sindicato Central de Regantes (Scrats) ya ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo mientras continuará la reivindicación en los 85 municipios de Alicante, Murcia y Almería que viven del Trasvase Tajo-Segura.

El Ejecutivo ha intentado compensar el cierre del Trasvase con promesas de inversiones de hasta 22.000 millones de euros para las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Estas inversiones irían fundamentalmente a desalación, depuración, reutilización y modernización de regadíos.

La reducción del Trasvase, ha calculado la propia ministra, será de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos anuales, que se sustituirán por agua desalada

La intención última del Ejecutivo es sustituir el agua que ahora viene del Trasvase por caudales desalados, mucho más caros y con una profunda carga química. Para compensar el incremento del precio, de momento, el Gobierno se ha comprometido a buscar fórmulas para abaratar este agua y dejarla a 0,34 euros el metro cúbico. Aún así, el casi el doble de lo que ahora se paga por el agua del Trasvase.

Esta era una de las reclamaciones de la Generalitat Valenciana que el Gobierno ha aceptado. No ha sido la única. El Real Decreto del Tajo establece una revisión de los caudales en ambas cuencas y fija una nueva planificación en 18 meses. La Generalitat Valenciana ha acogido con «moderada satisfacción» estos cambios, aunque advierte que «en aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell en defensa del trasvase y de los regantes», tomará medidas, incluso legales.

Quien sí estaba muy contento era el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ha celebrado una decisión «histórica» que significa «muchas cosas, y una fundamentalmente, y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con directivas europeas y sentencias judiciales que el Tajo tenga un caudal mínimo». No obstante, advierte, de que los caudales mínimos «no tienen que ser los máximos».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirma que la intención del Gobierno es «asegurar la disponibilidad de agua» para el Levante español en escenarios de cambio climático y desertificación. «Alicante, Murcia y Almería tendrán agua», recalcó «Lo que no debería cuestionarse es el cumplimiento de la normativa y las sentencias contra el Estado, como ha ocurrido por no fijar caudales ecológicos en el Tajo», alegó la titular de Transición Ecológica,

La reducción del Trasvase, ha calculado la propia ministra, será de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos anuales, que se sustituirán por agua desalada. Las inversiones prometidas por el Ejecutivo proporcionarán hasta 140 hectómetros cúbicos «más los ahorros por la eficiencia en el regadío».

Ribera ha justificado el aumento progresivo de los caudales por la «voluntad de conciliar» del Gobierno con los regantes y por el «impacto social, medioambiental y económico» de la medida tomada, es decir, el final del Trasvase.