Un ayuntamiento alicantino pondrá vigilantes a sus funcionarios de baja para destapar fraudes
La medida pretende combatir el alto grado de absentismo, situado en un 10%, entre una plantilla formada por casi 500 empleados públicos
Los ayuntamientos alicantinos están empezando a tomar cartas en el asunto de las bajas laborales de sus funcionarios. Uno de los primeros en dar un paso al frente ha sido el consistorio de Calp, cuya alcaldesa, Ana Sala, ha encargado al departamento de Recursos Humanos que redacte un pliego técnico para contratar un servicio de vigilancia que verifique la justificación de las ausencias en el trabajo.
La medida permitirá no solo cotejar los motivos de cada caso, sino hacer un seguimiento. El equipo de gobierno ha adoptado esta decisión tras comprobar que el absentismo se sitúa en una media del 10% de la plantilla, compuesta por casi 500 empleados públicos. Un porcentaje que rebasa lo que es habitual en el sector, según exponen fuentes municipales.
La primera edil ha determinado que la duración del contrato será de dos años, más uno prorrogable. «El objetivo es reducir, en la medida de lo posible, el absentismo laboral que se produce en la administración local», señalan desde el gobierno municipal.
A la vista de los datos analizados, la alcaldesa subraya que es necesario mejorar la gestión de los procesos de seguimiento de las bajas laborales. «Llevamos detectando ya hace tiempo, con los informes que nos ha estado facilitando la mutua, que el nivel de absentismo supera la media del sector de la administración pública y que no hay forma de reducir esos índices. Ha llegado el momento de poner remedio a esto y evidentemente habrá bajas justificadas y las habrá que no estén justificadas», esgrime.
Sala va más allá y argumenta que lo único que se prentede «es hacer seguimiento y controlar que son bajas reales y efectivas». Todo ello, según recalca, con el fin de optimizar los recursos del Ayuntamiento. «No nos podemos permitir ese nivel de bajas. He intentado a través de la mutua controlar y verificar que son reales, pero la mutua hace lo que puede, la Seguridad Social no dispone de los mecanismo necesarios para evitar esto y una administración pública, que gestiona dinero y recursos públicos, estos indices de bajas laborales no se los puede permitir», remacha.
La vigilancia de las bajas de funcionarios fue motivo de debate nacional hace escasas semanas, cuando trascendió que el Ayuntamiento de Fuengirola había invertido 18.000 euros en contratar a detectives para hacer seguimiento de estos casos. El motivo, según el consistorio, era combatir el absentismo, que en ciertos departamentos se había disparado hasta rozar el 10% de su plantilla (un índice prácticamente idéntico al de Calp), formada por más de 800 trabajadores.
El primer teniente de alcalde, Rodrigo Romero, aclaró entonces que la intención no era vigilar a todo el mundo, sino destapar situaciones concretas de fraude. Representantes sindicales, en cambio, acusaron al consistorio de criminalizar la figura del funcionario.
Está por ver si en el caso de Calp el servicio recaerá en una agencia de detectives o en una empresa de diferentes características.
