Alta tensión política tras certificarse que Ortiz explotará la estación de autobuses 26 años más

Todo ello, después de que su labor al frente de la estación de autobuses la haya llevado a un estado casi ruinoso después de que todas las marcas comerciales que allí operaban hayan cerrado ya sus tiendas y que sólo el hotel –además de la propia terminal de transporte– sigan operativas y de que el pleno del ayuntamiento de Benidorm haya aprobado este lunes declarar desierto el proceso de licitación para adjudicársela a otra empresa.

A sólo tres meses de las elecciones locales y autonómicas, la cuestión de la estación de autobuses ha vuelto a elevar de forma muy significativa la temperatura política de la ciudad, donde se ha vivido uno de los plenos más broncos de los últimos años y en los que los portavoces de los distintos partidos no han escatimado en palabras gruesas hacia sus rivales, incluidas acusaciones de corrupción urbanística, desde Ciudadanos hacia el gobierno, y de cobardía y falta de trabajo, en dirección opuesta.

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Nicolás Van Looy

El Partido Popular, de hecho, ha tenido que hacer valer su mayoría absoluta para aprobar un punto que no tenía, en lo sustancial, más vuelta de hoja: declarar desierto un concurso al que no se ha presentado empresa alguna. Pero eso, lo sustancial, era lo de menos. Donde han incidido desde las filas de la oposición ha sido, claro está, a los motivos que han llevado a la ciudad a tener que aceptar que sea Enrique Ortiz el que, tras llevarla a su actual estado, quien siga gestionando la estación de autobuses durante los próximos 26 años.

Ahora, según establece la legislación vigente, el Ayuntamiento tendrá que redactar un nuevo pliego de condiciones para proceder a un proceso de contratación negociado sin publicidad lo que, de facto, implica esa prórroga al actual concesionario.

El inicio de la historia, larga y de sobra conocida, se remonta al año 2003, cuando el entonces gobierno municipal –en manos del Partido Popular– permitió a Ortiz ampliar la zona comercial de la estación de autobuses y su explotación, una decisión que quedó anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 2007 y ratificada por el Tribunal Supremo en 2012.

Ese último fallo, del que ya ha pasado más de una década, obligaba a rescindir el contrato con Ortiz. Años de negociaciones entre las dos partes culminaron en 2020 con un acuerdo en los términos para esa rescisión y la firma, ya en marzo de 2022, de un convenio por el que se establecía que el Ayuntamiento sacaría a concurso la gestión –cosa que ya hizo hace algo más de un mes– y que, en caso de quedar desierto ese proceso, sería Ortiz el que terminaría su propio periodo de concesión –lo que ha pasado ahora–.

La portavoz del PSPV-PSOE, Cristina Escoda, cuyo grupo se ha abstenido en la votación de este lunes, lamentó que en todo este asunto «sólo hay un beneficiado, que es Enrique Ortiz y sólo hay un damnificado, que es el Ayuntamiento». Algo, añadió, que sucedió después de que «los técnicos hicieran el pliego que buenamente pudieron» y recordó que ella y su equipo «teníamos claro que no se iba a presentar nadie».

Las palabras de Escoda, al igual que las de Juan Balastegui, portavoz de Ciudadanos, en ese mismo sentido, provocaron la ira de Lourdes Caselles, edil de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, que acusó a los dos partidos de la oposición de no haber trabajado y no haber presentado alternativa alguna a las solución propuesta por su equipo.

Fue en ese momento cuando el pleno se olvidó del fondo de la cuestión y se centró en la deriva más política de un culebrón que, tras dos décadas siendo el elefante en la habitación, ha vuelto a centrar la actualidad.

De hecho, la portavoz socialista llegó a asegurar que el origen de toda esta historia hunde sus raíces en «la época de mayor corrupción urbanística del Partido Popular», unas palabras que provocaron que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, reprochara a Escoda que se alejara «del punto a tratar».

Más duro fue el encontronazo entre Caselles y Balastegui, con insultos directos como «cobarde» o «maleducada» volando de un lado a otro del pleno municipal. Todo ello, para que lo importante, la gestión de la estación de autobuses, vuelva a manos de quien nunca la dejó: Enrique Ortiz. Serán, al menos, 26 años más.