El Síndic de Greuges urge a Barcala que entregue documentación vinculada a su gestión de los fondos públicos

El Síndic de Greuges ha reclamado al equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Alicante que entregue documentación vinculada a su gestión de los fondos públicos del Ayuntamiento de Alicante, según asegura en un comunicado el Grupo Municipal Socialista. El defensor del pueblo valenciano ha dado la razón al PSPV de Alicante tras elevar una queja por «la negativa de los responsables municipales a facilitar documentación del departamento de Hacienda». La portavoz, Ana Barceló, ha subrayado que «no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática del gobierno de Barcala para tratar de impedir que su gestión sea fiscalizada».

«Barcala actúa con oscurantismo y de forma antidemocrática para impedir que la oposición fiscalice las decisiones que se toman en el Ayuntamiento. No sólo oculta información económica referida al dinero público de todos los alicantinos y alicantinas, sino que, además, nos impide obtener copias de expedientes tan significativos como el que ha dado pie al mayor escándalo urbanístico de su etapa como alcalde, como son las irregularidades vinculadas a la construcción de un hospital privado en Vistahermosa». En ese sentido, la portavoz socialista ha exigido «máxima transparencia» al regidor y le ha advertido de que el Grupo Socialista «seguirá revisando con lupa todo lo que hace y trabajando para defender los intereses de todos los alicantinos y alicantinas».

En concreto, el Síndic de Greuges ha solicitado al gobierno del PP que entregue copia de los decretos de incorporación de remanentes de crédito al presupuesto municipal de 2024 dictados hasta la fecha, y del listado de remanentes comprometidos con indicación de proyecto, importe y partida presupuestaria afectada. Se trata de una documentación que viene reclamando el principal grupo de la oposición. La Concejalía de Hacienda «ha negado copia de dicha documentación hasta el momento», indican los socialistas, «amparándose en una supuesta necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos, un argumento que el defensor del pueblo valenciano desmonta».

En ese sentido, la resolución del Síndic de Greuges emitida a partir de la queja registrada por la concejala socialista Silvia Castell determina que: «Si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no sólo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático». Por todo ello, urge al gobierno de Barcala a que se facilite a la autora de la queja la copia de los decretos de expedientes solicitados.

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