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El Grupo Municipal Socialista, a través de la concejala Silvia Castell, ha cargado contra «la mala planificación» del equipo de gobierno en la gestión de las obras del Centro 14, «una actuación deficiente que expone al Ayuntamiento al pago de intereses al contratista de la obra», según indican en un comunicado. En concreto, el Ayuntamiento ha acumulado una deuda de 574.290 euros «por facturas impagadas a la empresa constructora por falta de crédito disponible durante el primer semestre del año», denuncian los socialistas.
«La caótica gestión económica de Barcala genera un perjuicio a las arcas municipales. No es la primera vez que ocurre. Recientemente el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar más de 800.000 euros de intereses por el retraso en el pago de facturas, generando un perjuicio a todos los alicantinos por la nefasta planificación económica del gobierno del PP», ha manifestado la concejal.
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Castell ha asistido este martes a la Junta del Patronato de Vivienda, que contemplaba un único punto en el orden del día: someter a convalidación los gastos del contrato de obras del Centro 14. El gobierno de Barcala «se ha visto obligado» a impulsar un reconocimiento extrajudicial de crédito puesto que las obras ejecutadas durante el primer semestre del año, que ascendían a 574.290 euros, «no contaban con crédito disponible». «Barcala no reservó el importe necesario para la ejecución de estas obras y condicionó el pago a la contratación de un préstamo y la aprobación de los presupuestos. El alcalde no formalizó dicho préstamo hasta junio, por tanto, las obras se han venido ejecutando sin pagar al contratista y ahora nos enfrentamos a pagar intereses por las deudas contraídas. Según los responsables municipales, se desconoce por ahora a cuánto ascenderá la cantidad de intereses a pagar», ha explicado Castell.
La edil ha señalado que «la solución hubiera sido afrontar los pagos con los ingresos corrientes, reservando el dinero necesario para sufragar la obra, pero no se ha hecho». El Grupo Socialista ha votado en contra de este reconocimiento de crédito porque, según ha advertido el interventor, debe de ser el pleno del Ayuntamiento quien apruebe estos gastos, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el gobierno del PP, «una vez más, se salta las recomendaciones del habilitado nacional», critican desde el PSOE.
Precisamente, el interventor ya advirtió de que si no existía crédito disponible para continuar las obras, debía suspenderse la ejecución; algo que no ocurrió. «Obviamente desde el Grupo Socialista lo que defendemos es la necesidad de finalizar las obras de una vez por todas, ya que tendrían que haber concluido en 2023. Sin embargo, ni se han ejecutado en los tiempos previstos ni se consignó el crédito necesario para poder concluirlas durante este año. Es un ejemplo más de la falta de planificación del gobierno de Barcala. Ahora nos enfrentamos a pagar intereses por su caótica gestión económica».
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