Esquerra Unida Podem denuncia la prórroga «irregular» del contrato de la zona azul de Alicante
La formación considera la ampliación «a dedo»
El grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha denunciado públicamente la prórroga «a dedo» del contrato de la zona azul (ORA), aprobada por el equipo de gobierno del Partido Popular. Desde la formación consideran que se ha realizado sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público y que, lejos de obedecer a criterios legales, responde «a la inercia de mantener privilegios empresariales sin planificación ni transparencia».
Según el grupo de la izquierda, el acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno Local del martes 20 de mayo permite la continuidad del servicio de estacionamiento regulado sin un contrato en vigor, sin licitación nueva y sin contar con el informe del interventor. Desde la formación califican esta decisión como un «decretazo encubierto» y denuncian la falta de transparencia y planificación por parte del gobierno municipal.
La decisión aparece recogida en el punto 17 del área de Seguridad Ciudadana (Tráfico, Transportes y Movilidad), bajo el epígrafe: «Orden de continuidad de los servicios públicos de retirada, inmovilización y depósito de vehículos y estacionamiento regulado en superficie». Desde Esquerra Unida Podem critican además el lenguaje «vago y opaco» utilizado, en el expediente aprobado por la Junta de Gobierno que a su juicio «intenta ocultar la verdadera naturaleza del acuerdo».
El portavoz municipal del grupo, Manolo Copé, ha sido tajante: «El PP vuelve a pisotear la legalidad para favorecer intereses privados, sin planificación ni garantías. Esta prórroga es irregular y exigimos que se dé marcha atrás. Alicante no puede seguir funcionando a golpe de improvisación y favoritismo».
Desde la formación recuerdan que el artículo 29.4 de la Ley de Contratos solo permite una prórroga excepcional por un máximo de nueve meses en casos de interés público imprevisible y siempre que se haya iniciado el procedimiento de licitación con una antelación mínima de tres meses o se hayan cursado invitaciones con al menos quince días de antelación. En este caso, afirman, no se ha cumplido ninguno de estos requisitos.
Como precedente, señalan que en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya anuló un intento similar del entonces alcalde Luis Díaz Alperi, y que ello no supuso un colapso en el tráfico de la ciudad. También citan el caso del Ayuntamiento de Orihuela, que suspendió el servicio hace tres años al no poder justificar su continuidad legal.
Esquerra Unida Podem advierte de que este tipo de prórrogas, conocidas como «órdenes de continuidad», son prácticas administrativas irregulares que, según el Observatorio de Contratación Pública, pueden ser objeto de impugnación mediante recurso especial.
