La moratoria a los bloques turísticos en Alicante nace con una demanda en el juzgado
El Ayuntamiento de Alicante aprueba la ampliación de la suspensión con los votos a favor de PP y PSOE el mismo día que Aptur CV formaliza una demanda judicial por la medida
El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en un pleno extraordinario extender la moratoria a las licencias de los apartamentos turísticos a los bloques enteros de viviendas, así como a pensiones y albergues.
La medida, a propuesta de los populares, ha contado con el apoyo del PSOE, que ha defendido su voto favorable a cambio de que se solicite la capacidad sancionadora, se ponga en marcha una mesa técnica y se incentive la construcción de licencias, entre otras propuestas. En contra han votado los dos concejales de Compromís y se han abstenido los de Vox.
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Sin embargo, esta ampliación de la moratoria, que entró en vigor en enero de 2025 para los pisos, sale adelante lastrada por la demanda judicial que ha formalizado este mismo martes la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (Aptur CV). La entidad considera que la medida adoptada por el Ayuntamiento «carece de sustento real».
A través de un comunicado han insistido en que «el informe que utiliza el propio Ayuntamiento para justificar la moratoria sostiene exactamente lo contrario a la medida aprobada: concluye que Alicante no sufre un exceso de viviendas turísticas (VUT) ni un impacto negativo significativo sobre la vivienda ni la convivencia». Además, han recordado que las VUT «generaron un impacto en la ciudad de Alicante de 220 millones de euros en 2024».
«Este es un paso más, pero seguiremos estudiando la solución que necesita la ciudad»
Rocío Gómez
Concejala de Urbanismo
Durante la defensa de la propuesta, la concejala de Urbanismo ha defendido que la suspensión de licencias da el tiempo necesario a la administración para tomar decisiones. La edil ha explicado que, en estos seis meses de suspensión de los pisos, se ha dado un incremento exponencial de la solicitud de licencias de bloques, albergues y pensiones. «Este es un paso más, pero seguiremos estudiando la solución que necesita la ciudad», ha afirmado Gómez.
La concejala socialista Trini Amorós también ha defendido su voto a favor con un acuerdo que incluye también la prohibición de reconvertir bajos comerciales en viviendas turísticas en algunos barrios; las competencias para sancionar a los pisos ilegales antes de final de año y «la declaración de construcción en solares o rehabilitación forzosa de edificios en suelos consolidados para aumentar el parque de vivienda en la ciudad». «Estas medidas suponen el inicio y la voluntad de los dos principales grupos políticos en Alicante para alcanzar acuerdos en un problema que afecta a muchos vecinos», ha explicado la concejal. Amorós ha hecho un llamamiento a un gran pacto por la vivienda en la ciudad.
«Estas medidas suponen el inicio y la voluntad de los dos principales grupos políticos en Alicante para alcanzar acuerdos en un problema que afecta a muchos vecinos»
Trini Amorós
Grupo municipal Socialista
La propuesta ha contado con la abstención de Vox, quien considera que la medida no es la mejor opción para solventar los problemas de vivienda. La portavoz, Carmen Robledillo, ha defendido que los edificios de apartamentos turísticos han servido en algunos barrios de la ciudad para rehabilitar patrimonio y poner en uso bloques abandonados. La edil ha puesto el foco en la ley de Arrendamientos «que impide poner las viviendas en alquiler a largo plazo». «Son los apartamentos turísticos ilegales a los que hay que perseguir», ha destacado.
Por su parte, desde Compromís, el portavoz, Rafa Mas, ha afeado al equipo de Gobierno estos seis meses desde que se aprobó la primera moratoria. «Ya les avisamos que estas modificaciones sin inspecciones eran papel mojado». El edil ha denunciado que «seis de cada diez viviendas en Alicante las compran rentistas extranjeros; no han hecho nada con la especulación masiva». Además, ha reclamado medidas como el pago del IBI y las basuras para los apartamentos turísticos, petición inmediata de la capacidad sancionadora y una moratoria indefinida de las licencias.
Una medida «injustificada», «que perjudica a la ciudadanía» y afecta al empleo
Desde Aptur CV han tramitado su denuncia contra esta moratoria al considerar que «carece totalmente de justificación» en el propio informe del que parte. «Es incomprensible que se utilice como pretexto un informe que determina que en Alicante la incidencia de las viviendas de uso turístico es moderada y que no existen zonas de mercado residencial tensionado», afirma la presidenta de la asociación, Silvia Blasco.
Consideran que se trata de una medida política que va en contra de los intereses generales de la ciudadanía, ya que «limitan la oferta de alojamiento, reducen ingresos y empleo, y atentan contra la convivencia». Además, reclaman que no hay pruebas de que sea la vivienda turística la culpable de desplazar la residencial en Alicante y que esta moratoria supone un daño a cientos de familias, autónomos y pequeñas empresas.
Es por ello por lo que han reclamado al Ayuntamiento de Alicante la retirada de la suspensión de licencias y la apertura de un proceso de diálogo con el sector y los expertos independientes. «Estamos a favor de la regulación, del control y de medidas que eviten los posibles efectos negativos del turismo, pero siempre sobre la base de una información veraz y objetiva, no sobre rumores o intereses partidistas», concluye Silvia Blasco.
