Barcala sobre el contrato de zonas verdes: «El tripartito no hizo bien su trabajo»
El Supremo ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Alicante sobre la indemnización a Geamur
El Ayuntamiento de Alicante tendrá que indemnizar a la empresa Geamur con unos 700.000 euros por la prestación del servicio de limpieza de zonas verdes fuera de contrato entre julio de 2018 y diciembre de 2020. El Supremo ha inadmitido a trámite el recurso contencioso contra la sentencia del TSJCV que daba la razón a la empresa. De hecho la decisión ya es firme y no cabe recurso.
El alcalde, Luis Barcala, ha explicado este viernes que al margen de la valoración que hagan los servicios jurídicos del consistorio alicantino «esto es consecuencia del tripartito, que no hizo su trabajo y no sacó a licitación el nuevo contrato».
Durante el periodo de 2018 a 2020 la empresa tuvo que hacerse cargo de la realización del servicio pese a que se encontraba fuera de contrato. Por ello el consistorio deberá pagar una indemnización de 599.612,57 euros, más 84.665,10 de intereses de demora. Esta cuantía responde a la reclamación de la compañía de actualización de precios, costes de personal y de maquinaria y material, que sin embargo tuvo que asumir Geamur pese a estar fuera de contrato y que no se hubiera licitado el nuevo.
Contra la decisión de inadmisión no cabe recurso. En su justificación el juez considera que el caso no entra en aquellos susceptibles de interponer un recurso de casación, por lo que no entra a valorar el fondo de la cuestión.
Con el final de este proceso se acaba el recorrido judicial de uno de los dos casos que el Ayuntamiento de Alicante mantiene abiertos con la empresa Geamur. Además de la indemnización por los costes extras de asumir el contrato dos años sin licencia, se suma otra por la exclusión de esta empresa en la valoración del nuevo contrato de limpieza de zonas verdes. El consistorio en ese momento alegó que se trataba de una baja anormalmente desproporcionada y no justificada.
El TSJCV volvió a dar la razón a la empresa, aunque en este caso sin embargo se llegó a un acuerdo para pagar una cuantía económica como alternativa a empezar de cero todo el proceso de contratación. No obstante, una vez conocido el montante 994.374,73 euros, el equipo de gobierno afirmó que recurrirían.
