El Ayuntamiento de Alicante denuncia ante Fiscalía la jornada de okupación organizada para este sábado

El Ayuntamiento de Alicante ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial la celebración este sábado de una «jornada de okupación», que se anuncia en la vía pública mediante la colocación de carteles, por si pudiera incurrir en la inducción a la comisión de delitos. El escrito municipal señala que los promotores de esta iniciativa «lo que hacen es inducir a terceros a la comisión de este tipo de delitos, proporcionándoles herramientas y conductas para que la usurpación se haga de forma eficiente y minimizando riesgos en su ejecución».

Barcala ha apostado este viernes que los ayuntamientos y todas las instituciones públicas tienen la obligación de «hacer cumplir la ley frente al delito de la ocupación ilegal de viviendas y la consiguiente vulneración del derecho fundamental a la propiedad». Barcala ha hecho estas declaraciones antes de asistir a la conferencia ofrecida por el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, en el salón de actos de la antigua Cámara de Comercio sobre la usurpación de inmuebles.

El alcalde ha defendido también la puesta en marcha de la futura Oficina Municipal Antiocupación, acordada con el grupo municipal de Vox. «Tenemos la obligación de defender los derechos particulares cuando se ven vulnerados por el delito de la ocupación ilegal; y no es aceptable la falsa ideología de que el supuesto derecho general a la vivienda se antepone a cualquier derecho privado», ha destacado el primer edil. «La protección del derecho al acceso a la vivienda es competencia del Estado y de los poderes públicos y nunca puede amparar la patada en la puerta de las viviendas ajenas», ha agregado durante una conferencia a la que han asistido decenas de policías locales de Alicante y responsables de diferentes áreas municipales.

Por su parte, el magistrado alicantino Vicente Magro, expresidente de la Audiencia Provincial hasta 2016, ha señalado que «en toda Europa las viviendas ocupadas de forma ilegal se devuelven en un plazo de entre 24 y 72 horas», salvo en España, donde los procesos de desalojo y restitución de la legalidad se demoran una media de dos años. «¿Qué pasa con la vulnerabilidad de los propietarios y el daño moral que sufren», se ha preguntado Magro, que ha defendido la ejecución inmediata de la devolución de la vivienda ocupada y que no se supedite la expulsión de los ocupantes hasta su realojo por parte de la Administración Pública.

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