Borràs ignoró advertencias de funcionarios de que podía estar infringiendo la legalidad

La tesis de la Fiscalía mantiene que Borràs adjudicó a dedo 18 contratos, de 18.000 euros cada uno, a su amigo, Isaías Herrero, para unos trabajos en la web del organismo. El Ministerio Público acusa a ambos de fraccionar los contratos para evitar el concurso público y de amañar la adjudicación, presentando tres presupuestos, dos falsos y uno real, para darle apariencia de legalidad. La funcionaria de la Generalitat ha señalado que alertó a Borràs de que «no le gustaba lo que estaba pasando» con los contratos adjudicados a Isaías Herrero para hacerse cargo de la página web de la institución de las letras catalanas.

Assumpta Pagespetit ha subrayado que todos los trabajos del portal los hacía Isaias Herrero. La ILC, en cambio, adjudicaba contratos a empresas diferentes pero «todas las tareas las hacía Herrero». «Y eso me sorprendía a mí y a toda la gente de la ILC, lo sabía todo el mundo«, ha afirmado. Esta trabajadora de la Consejería de Cultura advirtió a Borràs que de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se le encomendaba a Herrero, lo correcta hubiera sido hacerle un contrato negociado. Pero la presidenta de Junts le contestó que lo que hacía eran diferentes proyectos y que se le siguiera adjudicando como hasta entonces, es decir, a través de contratos de 18.000 euros.

Pagespetit acompañó a Borràs a una reunión con la interventora de la Consejería, en la que le advirtieron su preocupación porque el procedimiento, «a simple vista», podría estar «infringiendo el marco legal», que podría estar fraccionando contratos, pero la acusada replicó que cada trabajo que se le encargaba era diferente. Assumpta Pagespetit incluso ha señalado que durante un tiempo recibía los diferentes presupuestos que optaban a la tarea a la que se presentaba Herrero y que éste mismo era el que le enviaba las tres minutas. «No se hacían bien las cosas», ha asegurado. Entonces, pidió que no se le enviaran más contratos y que se le hicieran llegar directamente a Laura Borràs, como directora del organismo y la que «decidía las adjudicaciones».

También ha declarado Roger Espar, funcionario del departamento, que ha señalado que Borràs le recriminó por no avisarle de un registro realizado por los Mossos en la ILC en febrero de 2018, en los inicios de la investigación. Los agentes recopilaron información sobre facturas. Por la tarde, los agentes que pilotaron la investigación comparecerán en el juicio.

El testimonio de la expresidenta del Parlament no se espera hasta el lunes. Está acusada de prevaricación y falsedad en documento público y se enfrenta a seis años de prisión. A raíz de su procesamiento, fue suspendida como diputada autonómica y en consecuencia apartada de la presidencia del Parlament. Borràs asegura que es inocente y que si sale absuelta regresará a su cargo de presidenta de la Cámara catalana.

De momento, el juicio no va de acuerdo a sus intereses. Isaías Herrero inculpó a la expresidenta del Parlament. Dijo no solo que tenía conocimiento de estas prácticas presuntamente fraudulentas, sino que le dio instrucciones para hacer el amaño de los contratos. Testigos ratificaron ayer esta versión. Hay un tercer acusado, Andreu Pujol, para quien la Fiscalía reclama tres años de cárcel. Pujol también admitió la existencia de estos presupuestos ficticios para dar apariencia de que la adjudicación se hacía cumpliendo todos los requisitos y no a dedo como sostiene la acusación.