El Gobierno garantiza que habrá elecciones a pesar de la 'amenaza' de los letrados de Justicia

La guerra que enfrenta a los letrados de la Administración de Justicia y al Gobierno está al rojo vivo. En el último episodio, los técnicos judiciales advierten de que las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo están en peligro. Esto se debe a que sus funciones electorales no están incluidas en los servicios mínimos de la huelga, y sin ellos no se pueden realizar.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, encabezado por Pilar Llop, ha contestado a las consultas realizadas por TodoAlicante y garantiza el proceso, ya que asegura que la labor electoral de los técnicos judiciales es una «función constitucional que no se puede parar con una huelga».

Los letrados de Justicia califican de «error» el no incluir su función electoral en los servicios mínimos de la huelga indefinida que desde el 24 de enero paraliza la actividad judicial en España. Además, advierten al Ministerio de Justicia de que en caso de colgar la toga el proceso electoral no se iniciará debido a que ellos son los secretarios y una de sus funciones es constituir las juntas.

Desde el cuerpo de justicia sostienen que el Gobierno no puede dejar que el paro se prolongue hasta abril, cuando comienza la constitución de las juntas electorales. Las asociaciones avisan que desde Moncloa «tendrían que dar explicaciones a toda la ciudadanía», por lo que se verían «muy comprometidos».

Ante estas amenazas veladas, el Ministerio de Justicia se muestra tranquilo. Desde la cartera que preside Pilar Llop aseguran a TodoAlicante que la posibilidad de paralizar las elecciones es nula. Sostienen que en caso de llegar a ese «improbable escenario» no se resolvería con servicios mínimos, sino que se dictaría una instrucción. «Es una función constitucional que no se puede parar con una huelga», advierten.

Los funcionarios judiciales se mantienen en las mismas y tienen claro cuáles son sus responsabilidades. Aclaran que en su caso no es una función constitucional, como así aseguran desde el Gobierno, mientras que sí lo es en las personas que tienen que formar parte de una mesa electoral. «Para nosotros es una función anexa a nuestra condición de trabajadores como letrados de la Administración de Justicia», subrayan desde las asociaciones.

Por último, apuntan al Gobierno y sospechan que probablemente esa instrucción que tienen en mente «sería tan nula como la limitación de permisos que han acordado y que el Ministerio Fiscal ya ha dicho que es ilegal».

El pasado lunes, 15 de febrero, el comité de huelga emitió un comunicado en aras de visibilizar la importancia de los LAJ y darlo a conocer a la ciudadanía. Una de las labores esenciales que se explica en el escrito radica en ser garante en todos los procesos electorales que se efectúan en España.

En el texto, los letrados de la Administración de Justicia garantizan que el proceso electoral se desarrollará de un modo objetivo y transparente. Pero dejan claro que las elecciones seguirán su curso siempre que la ministra «salga del bucle en que tiene inmersa a la Administración de Justicia».

Con el objetivo de encontrar una solución al conflicto que bloquea la justicia a nivel nacional desde enero y que podría ocasionar la paralización de las elecciones municipales y autonómicas, el Ministerio se reunirá con el comité de huelga el próximo 16 de febrero. Los comicios se acercan y las posturas siguen alejadas.

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