El concejal con casi un millón en patrimonio y el que no tiene nada: así son las declaraciones de bienes en el Ayuntamiento de Benidorm

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante ha publicado la actualización de las declaraciones de bienes y actividades con la actualización de las declaraciones de bienes y actividades correspondiente al ejercicio 2025 de los concejales del ayuntamiento de Benidorm, tal como establece el artículo 131 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

Según los datos presentados en la Secretaría General del consistorio, el conjunto de la corporación municipal declara un patrimonio conjunto que supera los cuatro millones de euros entre activos y bienes inmuebles, sin contar con los pasivos.

Entre las cifras más destacadas figura la del concejal José Miguel San Martín Fernández, único representante de Vox en la capital turística, que lidera la lista con un patrimonio de 868.610 euros, de los cuales más de 434.000 corresponden a activos y una cantidad prácticamente idéntica a pasivos.

Le siguen el alcalde, Toni Pérez, con un total de 390.220 euros en activos, y la concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, que declara más de 253.000 euros, incluyendo una notable cantidad en bienes inmuebles.

En el extremo opuesto, algunos concejales presentan cifras significativamente más modestas. Es el caso de Mª Ángeles Ivars, con un total de 44.947 euros, y Antonio López Mascareñas, que apenas declara 3.609 euros en pasivos y ningún activo, ambos encuadrados en la bancada del PSPV-PSOE.

Las diferencias también se evidencian en la declaración de actividades económicas. Mientras que varios ediles, como José Ramón González de Zárate, Cristina Escoda o María Teresa Moreno declaran bienes, pero no actividades, otros, como Laura Rubio Llinares o Sergi Castillo, reflejan importantes cantidades en este apartado, superando los 20.000 y 35.000 euros respectivamente.

Esta publicación responde al compromiso de transparencia de las instituciones públicas, aunque la ley contempla la salvaguarda de la privacidad y seguridad de los titulares. Las declaraciones anuales permiten a la ciudadanía conocer la evolución patrimonial de sus representantes, una herramienta clave para reforzar la confianza en la gestión pública.

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