Benidorm pone fin a 20 años de polémica urbanística con los Puchades y no pagará los 283 millones de indemnización
Un informe vinculante del Consell Jurídic Consultiu respalda la nulidad de los convenios firmados en 2003
Un informe vinculante, fechado el pasado día 16 de noviembre por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana, va a permitir cerrar, aparentemente de manera definitiva, una de las patatas calientes que más tiempo ha estado, como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo de la actualidad política de Benidorm: los convenios urbanísticos firmados en 2003 con el constructor Antonio Puchades por los que se fijaron una serie de compensaciones por la cesión de dos fincas propiedad de este último en los terrenos del actual Parc Natural de la Serra Gelada.
Será el pleno del ayuntamiento de Benidorm el que, en su sesión ordinaria del próximo lunes, vote el cierre definitivo de un expediente con casi 20 años de historia y que, originado durante el mandato de Vicente Pérez Devesa, ha aparecido en la mesa de todos los alcaldes que la capital turística de la Comunitat Valenciana ha tenido desde entonces.
El informe del Consell Jurídic Consultiu que permitirá al alcalde, Toni Pérez, llevar a pleno el carpetazo final a esta peliaguda cuestión supone un alivio enorme para la ciudad ya que l familia Puchades reclamaba al Consistorio 283 millones de euros como indemnización al considerar vulnerados sus derechos después de que, al quedar encuadrado su suelo en el Parc Natural, este gozara de especial pretección y, por lo tanto, no pudieran construir en él.
El documento del CJC no deja, en cualquier caso, con las manos vacías a los reclamantes ya que lo que estipula, tal y como se ha confirmado desde el área municipal de Hacienda, es que la indemnización que corresponda no tendrá que salir de las arcas locales, sino que será la Generalitat Valenciana la que se tenga que hacer cargo de la misma.
Todo se remonta a 2003 cuando, iniciado por la Generalitat Valenciana el proceso que acabaría con la creación del Parc Natural de la Serra Gelada. Fue entonces cuando Vicente Pérez Devesa, alcalde de Benidorm, firmó un convenio con Puchades por el que se establecía que, a cambio de esas dos parcelas de su propiedad, el constructor recibiría terrenos en otra parte de la ciudad donde sí podría edificar o, en su defecto, sería indemnizado económicamente si a los cinco años no había recibido esos nuevos suelos.
La realidad es que llegados a finales de 2022 Puchades nunca ha recibido esos terrenos compensatorios ni la indemnización económica pactada. También lo es que en todo este tiempo ese convenio inicial se prorrogó hasta en dos ocasiones bajo el mandato del socialista Agustín Navarro.
Ahora, lo que ha hecho el CJC es dar la razón al Ayuntamiento en su aspiración, expresada hace algo más de un año, de que se considerasen aquellos acuerdos sin base legal que los sustentaran, por lo que decreta «la nulidad del acto plenario de aprobación del convenio de 25 de abril de 2003» y añade esa misma nulidad a «los actos subsiguientes, entre ellos, sus prórrogas».
En una complicadísima redacción jurídica, el CJC viene a considerar que, si bien los terrenos inicialmente afectados por los convenios aparecían como urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1963, no contaban con los requisitos exigidos para que en ellos se pudiera edificar y menciona, como ejemplos, los accesos o la llegada de servicios básicos como el agua, la electricidad o el alcantarillado rechazando así las alegaciones presentadas por Puchades pidiendo que se considerara ese suelo como consolidado.
Además, el Consell Jurídic Consultiu establece en ese informe vinculante que la aspiración de los Puchades de recibir suelo aprovechable en otra zona de la ciudad no puede ser atendida ya que nunca habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización de las parcelas afectadas tal y como establece la legislación para estos casos.
