La abogacía de la Generalitat se opone al intento de Benidorm de anular la sentencia de los 330 millones por el APR-7

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que condenó a la ciudad a pagar más de 330 millones de euros a dos empresas de la familia Murcia Puchades por los aprovechamientos urbanísticos del sector APR-7.

Esta cuantiosa indemnización responde a los aprovechamientos urbanísticos de un suelo que, en su momento, quedó dentro de los lindes del Parc Natural de la Serra Gelada y que, tras décadas de idas y venidas políticas y judiciales, nunca llegaron a materializarse.

Este nuevo movimiento judicial del Consistorio busca frenar una condena con consecuencias económicas devastadoras para la hacienda local, dado que los más de 330 millones que se reclaman (incluyendo los crecientes intereses) duplican con creces el presupuesto anual del municipio.

Sin embargo, la Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha reaccionado con contundencia y ha solicitado al tribunal que desestime el incidente. Así se recoge en el escrito que será presentado ante el pleno municipal de este viernes abriendo, sin duda, una nueva refriega política en la capital turística.

En él, el abogado coordinador de la Generalitat rebate con firmeza la principal alegación del Ayuntamiento: que la sentencia vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Según argumenta el letrado autonómico, el Consistorio tuvo hasta dos ocasiones previas para invocar esa supuesta vulneración (en el escrito de aclaración de sentencia y en la preparación del recurso de casación) y no lo hizo. Por tanto, sostiene que ahora ya no cabe alegarlo como base para anular el fallo judicial.

En su análisis, el abogado de la Generalitat también defiende que la sentencia impugnada no presenta incongruencias, ya que se fundamenta en la validez del convenio urbanístico firmado en 2003 entre el Ayuntamiento y los demandantes, bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa, y renovado posteriormente durante el gobierno del socialista Agustín Navarro.

El informe concluye solicitando que se tengan por formuladas las alegaciones en tiempo y forma, y que se dicte auto rechazando el incidente de nulidad planteado por el Ayuntamiento.

Mientras tanto, el contador de intereses sigue corriendo. Cada día que se prolonga el proceso suma cantidades adicionales a una condena que ya se perfila como una de las más graves amenazas económicas a las que se ha enfrentado el consistorio benidormense que, por este motivo, sigue sin presentar un proyecto de presupuestos para un 2025 que este domingo inaugurará su sexto mes.

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