Macrooperación contra la explotación sexual: 162 mujeres liberadas y 37 detenidos, tres en Alicante

Una macrooperación contra la explotación sexual llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha desarticulado una organización criminal que captaba a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y las obligaba a ejercer la prostitución en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos.

La actuación se ha saldado con 162 víctimas liberadas por todo el territorio nacional, 39 registros y 37 detenidos, tres en Alicante, según han confirmado fuentes de la investigación. Nueve de los capturados han ingresado en prisión provisional.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en diferentes localidades españolas. A partir de esta información y las múltiples pesquisas realizadas por los investigadores se pudo determinar la existencia de una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres asentada principalmente en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, aunque había comenzado a expandirse a otras provincias como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.

El entramado criminal se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano tanto en España como en sus propios países. En la mayoría de los casos, estas mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo, a las que obligaban a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española.

Para desarrollar esta actividad delictiva la organización adquiría o alquilaba inmuebles directamente o a través de sociedades mercantiles establecidas al efecto, e intentaban dar una apariencia de legalidad camuflándolos como locales de masajes. Las propiedades elegidas eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales, y contaba con miembros encargados de reformarlos y convertirlos en habitáculos donde ejercían.

Las víctimas dormían hacinadas en literas o directamente en la misma cama donde atendían a los clientes. Estos lugares permanecían cerrados y presentaban en muchas ocasiones mala ventilación y condiciones de habitabilidad lamentables.

Cada uno de los inmuebles contaba con encargadas las 24 horas del día, responsables de controlar a las mujeres del interior, cobrar a los clientes, facilitar las sustancias estupefacientes a los clientes que las solicitaran y contestar las líneas telefónicas vinculadas a los anuncios de prostitución de las diferentes webs especializadas, dando cuenta a los miembros de los niveles superiores.

Las víctimas solo podían salir dos horas al día en horario de mañana, debiendo estar disponibles permanentemente. Los principales investigados controlaban en tiempo real los locales y a las víctimas a través de un sistema de video vigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles dedicados a la prostitución. El cincuenta por ciento de cada servicio era para la organización y la otra mitad para las mujeres, si bien estas podían ser multadas por distintos motivos, detallan las mismas fuentes.

Las víctimas eran rotadas y trasladadas entre los diferentes locales según la conveniencia de la organización criminal, pudiéndose constatar cómo además de los locales inicialmente conocidos, la organización había comenzado a expandirse a Cataluña, Murcia y Málaga, donde habían abierto nuevos inmuebles convertidos en prostíbulos.

La investigación permitió constatar que el entramado estaba estructurado en tres niveles de responsabilidad. En la cúspide estaban los líderes de la organización –con vínculos familiares y sentimentales entre ellos–. Eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles, obteniendo los mayores beneficios económicos.

En el segundo nivel estaba compuesto por personas de confianza encargadas de la supervisión de los locales, recaudación de beneficios y coordinación de encargadas. Por último, en el tercer nivel incluía a las encargadas que vigilaban a las víctimas, conductores, reformistas de los locales y distribuidores de estupefacientes.

La operación ha concluido con el registro de 39 inmuebles en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona, incluyendo los domicilios de los once máximos responsables de la organización y de los locales destinados a la explotación de las víctimas, donde se han incautado 141.000 euros en efectivo y tres vehículos.

En paralelo a la investigación policial, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación patrimonial de la organización criminal, así como de las conductas que podrían ser constitutivas de delitos de blanqueo de capitales, y pudo identificar a las personas físicas que controlaban las sociedades utilizadas por la organización como pantallas para canalizar los beneficios de su actividad criminal.

Esta investigación patrimonial permanece abierta y se está analizando la información bancaria y el resto de la información obtenida en los registros domiciliarios, donde se hallaron numerosas libretas en las que se llevaba la contabilidad de cada local de explotación, así como ordenadores en los que los líderes de la organización y sus personas de confianza organizaban las cuentas.

También ha resultado de gran importancia la localización y bloqueo de bienes muebles e inmuebles (además de las más de 60 cuentas bancarias detectadas) de los presuntos responsables, que han sido objeto de intervención con el objetivo de garantizar el eventual decomiso de esos bienes.

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