El Gobierno debe 4.000 millones de euros a la provincia de Alicante desde 2008
Un estudio de las Cámaras de Comercio presentado en el Consejo Económico y Fiscal de la Diputación cifra la infrafinanciación de la provincia
Las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoi y Orihuela han presentado un estudio en el que cifran en más de 4.000 millones de euros el déficit acumulado en los Presupuestos Generales del Estado en el periodo 2008-2024. En cuanto el déficit de inversión, teniendo en cuanta la aportación de la provincia al PIB, se queda en 1.834 millones de euros.
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Así lo refleja el informe, que ha presentado este lunes en el Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante celebrado en la Diputación de Alicante el presidente del ente cameral en Alicante, Carlos Baño, y la jefa del Gabinete de Estudios y Estadística, Mª Carmen Pastor.
La provincia de Alicante es la quinta en PIB y la cuarta en población de España. En cuanto a su estructura productiva, el sector servicios representa el 72% del PIB -cuatro puntos por encima de la media nacional-, centrando en las actividades inmobiliarias, turísticas y comerciales; mientras que la industria se sitúa en un 11% cuando la media española se eleva al 16%. El sector de la construcción alcanza el 7%, dos puntos por encima de la media, y el primario representa solo el 1%.
En el déficit 'histórico' de inversiones que sufre la provincia de Alicante, especialmente en materia de infraestructuras de transporte. En este sentido, se plantea la necesidad de impulsar actuaciones como el AVE Alicante-Valencia, la línea Alcoi-Xàtiva, el eje Alicante-Elche-Murcia, el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa, la ampliación del aeropuerto o la estación término de Benidorm.
Finalmente, el estudio aborda los retos en materia de recursos hídricos y reclama el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, impulsar la reutilización y depuración avanzada, la desalación con energías renovables y un Pacto Nacional del Agua que garantice estabilidad y evite conflictos territoriales.
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Tras la presentación del informe, los distintos agentes que forman parte del Consejo Económico y Social han expuesto sus valoraciones- que deberán presentar también por escrito- con respecto al mismo, incidiendo la mayoría de los participantes en cuestiones como la regulación del turismo, el problema del acceso a la vivienda o la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad y la movilidad reducida.
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