El TSJ da la razón a Altea, que no deberá pagar diez millones a la empresa de agua

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha cerrado un largo conflicto entre el Ayuntamiento de Altea y la empresa Aguas Potables de Bernia (Apobersa), anulando la sentencia de primera instancia que obligaba al Consistorio a pagar más de diez millones de euros a la mercantil por la retirada del servicio de agua en las urbanizaciones Altea Hills y Mascarat.

Así lo ha anunciado la edil de Infraestructuras y Ciclo Hídrico, Aurora Serrat, que ha recordado que todo comenzó en 2020, cuando el Pleno municipal decidió intervenir y asumir directamente la gestión del agua en estas zonas «ante las continuas quejas vecinales por cortes, falta de potabilidad y una red en estado crítico».

Una situación, ha añadido la concejala, a la que se sumaba el hecho de que «las tuberías presentaban graves pérdidas y la inversión por parte de la empresa era inexistente». Es por ello, ha defendido Serrat, que «el Ayuntamiento, obligado a reaccionar ante esta situación insostenible, optó por rescindir la relación con Apobersa, una empresa heredera de los antiguos derechos de suministro del promotor Puerto Deportivo Luis Campomanes, y hacerse cargo del servicio».

Aquella decisión municipal provocó un enfrentamiento judicial por el que Apobersa, representada por el empresario Luis Campomanes, reclamó más de diez millones de euros por supuestos derechos e infraestructuras. En un primer momento, el Juzgado de lo Contencioso de Alicante le dio la razón a la parte litigante.

Ahora, ha sido el TSJ el que ha revocado esa sentencia, «avalando la actuación del Ayuntamiento y considerando que no existe ningún derecho a indemnización, más allá del valor residual de unos contadores por importe de 15.000 euros», ha anunciado Serrat.

La responsable local de Infraestructuras ha añadido que «mientras tanto, el Consistorio ha tenido que asumir la gestión de unas instalaciones muy deterioradas y acometer obras de emergencia por valor de más de 3,5 millones de euros para garantizar el suministro. Inversiones que, paradójicamente, han sido impugnadas por la propia Apobersa y algunos vecinos de Altea Hills».

En palabras de Serrat, «pese a la oposición, el equipo de Gobierno continuará trabajando por restablecer unos servicios básicos dignos en las urbanizaciones de iniciativa privada, no solo en Altea Hills y Mascarat, sino también en otras zonas de la Sierra».

«El conflicto, que ha durado años, pone sobre la mesa una realidad cada vez más habitual: el papel de las administraciones públicas como garantes de servicios esenciales allí donde las concesionarias privadas no cumplen con sus responsabilidades», ha acabado diciendo Aurora Serrat.

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