Oposición vecinal al centro de inmigrantes proyectado en la Sierra de Aitana

El proyecto del Gobierno de habilitar la base militar de Aitana como centro de primeras llegadas para inmigrantes (CPLL) se ha topado con la oposición de un colectivo vecinal. Se trata de la asociación Salvem Aitana, que alerta del previsible impacto que tendrá en la zona esta instalación, con capacidad para 600 usuarios y una inversión prevista de 25 millones.

Entre las razones que esgrimen para oponerse al proyecto, aluden al notable aumento demográfico que se espera en la zona, que de acuerdo a sus cálculos podría crecer entre 6 y 11 veces respecto a la población de Alcoleja (término municipal al cual pertenece la base).

También hablan de un incremento exponencial del riesgo de incendio, la ausencia de propuestas para preservar la seguridad en el pueblo, así como la falta de estudios previos que determinen el impacto que tendría el CPLL en la red de servicios (agua, electricidad, residuos) y en el entorno natural de la zona. 

Otra de las críticas va dirigida a la administración pública, a la cual acusan de no haber promovido un debate público previo a oficializar el anuncio. «Los plazos actuales no dan tiempo para analizar el proyecto y sus impactos, así como para estructurar propuestas y consensuarlas con organismos, pueblos y personas afectadas», lamentan desde Salvem Aitana.

Los integrantes del colectivo tuvieron ocasión de evidenciar sus demandas el pasado viernes con ocasión de la visita del subdelegado del Gobierno en Alicante, Carlos Sánchez, a Alcoleja, donde un grupo de personas se concentraron a las puertas del Ayuntamiento mostrando pancartas con mensajes de oposición al futuro centro. 

La plataforma también ha llevado a cabo en los últimos días charlas en otros municipios del l'Alcoià-Comtat como Benilloba y Penàguila, que por su cercanía a la base también se podrían ver afectadas.

El futuro CPLL está proyectado sobre una superficie total de 53.000 metros cuadrados, tendrá una capacidad máxima de 600 plazas, y la previsión es que genere unos 60 empleos directos y 100 indirectos. Desde el Gobierno calculan que en el centro habrá siempre una población que oscilará entre 200 y 300 individuos. La actuación correrá a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ya ha licitado la ejecución de las obras de rehabilitación.

El propio ministro en funciones José Luis Escrivá avanzó en su visita a la base a principios de agosto que las obras empezarían a finales de este año, y que la instalación podría comenzar funcionar a mediados de 2025.

Al respecto de las inquietudes de los vecinos, Escrivá rechazó que el establecimiento de un centro de estas características pudiera ser foco de inseguridad, puesto que los migrantes y los refugiados son «gente fantástica, emprendedora», que huye de «realidades durísimas».

«No hay nada más humano y útil que acoger a personas en estas características. Ningún problema; al contrario, es un elemento de satisfacción para todos», remachó.

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