El aumento de las temperaturas y la «falta» de gestión forestal ponen en jaque los bosques alicantinos

El fuego que esta semana ha asolado más de 3.000 hectáreas entre Castellón y Teruel vuelve a ponernos frente a la cruda realidad de los incendios forestales. Se trata del primero de gran envergadura registrado en la Comunitat este año, y que se ha adelantado a la temporada de incendios, concentrada tradicionalmente entre los meses de julio y septiembre. Un mal inicio de primavera en términos medioambientales, y que hace recordar el nefasto verano del año pasado, en que se quemaron más de 30.000 hectáreas.

En la provincia de Alicante, es la franja norte donde más desastrosos podrían ser los efectos de un incendio forestal. Allí se concentran dos parques naturales como la sierra de Mariola y la Font Roja, que entre ambos suman cerca de 20.000 hectáreas de masa boscosa. No obstante, las extremas condiciones climatológicas que año a año se dejan notar en la península hacen que ninguna zona boscosa de la provincia esté exenta de poder ser pasto del fuego.

En el corto plazo, el servicio de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este fin de semana el nivel 2 (riesgo alto) de preemergencia en toda la nuestra provincia ante la posibilidad de incendio forestal.

El presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, Rafael Delgado, advierte que, «mientras no se revitalicen las actividades agrarias y se apueste por políticas de vertebración y gestión del territorio», la situación de los incendios forestales «irá a peor». «Tenemos el cóctel perfecto para que se produzca una catástrofe».

En su opinión, hay una «alineación perfecta» de elementos que facilitan que se declaren este tipo de incendios. En primer lugar, se ha referido a los meses de sequía y a una situación puntual de frentes de poniente, pero ha instado a «poner el foco» en la causa profunda, que, en su opinión, reside en «la falta de vertebración del territorio, el éxodo rural y la despoblación».

Interrogado por las acciones de las administraciones de distinto signo, comenta que «no se puede salir en un día» de una dinámica de 70 años, pero ha apostillado que «en la última década la única política que ha habido es la protección».

Aquí ha alertado del riesgo de tener únicamente la «ambición de proteger» sin poner el acento en la gestión y la planificación: «El fuego no distingue parque naturales», ha apostillado. Igualmente, ha criticado las «cortapisas» que se ponen a la gestión forestal y del territorio con una excesiva burocracia y ha instado a «darle la vuelta» a esta realidad.

Algunas voces achacan en parte el riesgo de incendios a la falta de gestión de los bosques. Es el caso de la portavoz de Medio Ambiente del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Elisa Díaz, que tilda de «parches» las labores emprendidas por la Generalitat para prevenir los incendios forestales.

Para ilustrar esta falta de previsión, la popular alude a un video que se hizo grabar ella misma en 2020 en una masa boscosa del Alto Mijares, la cual desde el pasado jueves se ha visto azotada por el fuego. «Puro combustible»; así se refería a la situación de esa zona, y en la que desafortunadamente se han cumplido los peores pronósticos.

Respecto a la situación en nuestra provincia, Díaz alude como ejemplo a algunos puntos del entorno natural de la Torre de les Maçanes, donde a su juicio, siguen pendientes tareas de regeneración para paliar los efectos del temporal Gloria del año 2020.

Sus reivindicaciones también van en la línea de reclamar una «unidad de gestión forestal» que garantice la coordinación entre la administración pública y los propietarios de terrenos. Entre los cambios legislativos, la portavoz de Medio Ambiente pide que los planes de prevención de incendios tengan un alcance que cubra toda la demarcación forestal (hay 12 en toda la Comunitat) y no solo a escala local. De esta forma, tal y como ella apunta, se evitarían «discontinuidades» en la gestión forestal.

Desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica contraponen estas críticas con cifras. Entre ellas, hacen referencia a que desde el inicio del gobierno del Botànic en 2015, la Comunitat ha pasado de tener 39 planes locales de prevención de incendios forestales a tener 464. Para su puesta en marcha, el Consell ha aprobado este año una inversión de 10 millones, que subirá hasta los 20 respectivamente durante los próximos dos años.

Uno de los municipios objeto de esta financiación será Benifallim, en la comarca de l'Alcoià, que recibirá algo más de 15.000 euros este año para poder aplicar su plan de prevención. Miguel Ángel García es concejal del municipio, además de productor de la marca de aceite de oliva Rontonar.

El agricultor habla de la necesidad de invertir más fondos en la prevención del fuego, y no solo en las tareas de extinción. A su vez, lamenta el «abandono» al que se está sometiendo al campo alicantino, donde tareas como la agricultura y la ganadería cada vez emplean a menos personas.

Otros municipios alicantinos con mayores recursos, como es el caso de Dénia, están en disposición de emprender más acciones para prevenir los incendios. La capital de la Marina Alta cuenta en su término municipal con el parque natural del Montgó, uno de los espacios sujetos a mayor protección en toda la provincia.

Sin ir más lejos, este domingo hay convocada una jornada de voluntariado para recoger desechos en el paraje dianense. Acciones como estas vienen a complementar otras que ya realiza el Ayuntamiento del municipio, como la instalación de hidrantes en diferentes puntos del entorno natural de Dénia (en total se contará con una cincuentena), así como la limpieza de hasta cuatro barrancos.

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