El Ayuntamiento avisa de un contencioso contra el Gobierno por el reparto de los fondos europeos
El Consistorio ha presentado dos alegaciones al Ministerio de Hacienda y una denuncia ante la Comisión tras quedarse fuera de las subvenciones
El Ayuntamiento de Alicante se plantea llegar hasta las «últimas consecuencias» para disponer de fondos europeos con los que ejecutar hasta diez proyectos en la ciudad. El concejal de Presidencia y Régimen Interior, Antonio Peral, ha asegurado este lunes en la comisión municipal que el equipo de gobierno se plantea «hasta un Contencioso Administrativo para que se reasignen como estaban previstos en la convocatoria».
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Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante han presentado dos alegaciones ante el Ministerio de Hacienda al quedarse fuera de la asignación de los fondos europeos Feder en la resolución provisional del programa EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) a la ciudad, así como una denuncia ante la Comisión Europea. El equipo de gobierno entiende que «la asignación propuesta de fondos del Gobierno vulnera el principio de buena gestión financiera, que exige que los recursos presupuestarios se utilicen de manera económica, eficiente y eficaz».
En la denuncia ante la Comisión Europea, el Consistorio pide que se revise la distribución de los fondos para garantizar que se ajusten a criterios objetivos y transparentes por el Gobierno Central de España. «Creemos que el proceso de asignación debería haberse basado en la concentración temática y en las necesidades reales de la Comunitat Valenciana, respetando los principios de igualdad y justicia territorial, y pedimos que se comuniquen a las entidades públicas afectadas los criterios de baremación de los proyectos, los cuales hasta ahora son desconocidos», ha defendido el edil Antonio Peral.
Los diez proyectos que han quedado fuera de la financiación de Bruselas
En la lista de iniciativas presentadas se encuentran la adecuación del Colegio López Soria como Centro de Proximidad, la reforma de la nave del antiguo secadero de Las Cigarreras como espacio para el programa Aterriza, la ampliación del Centro de Empleo y Formación para el Empleo 'El Tossalet', el nuevo Pabellón de Tómbola, la mejora del Centro Municipal Integrado de la plaza de Argel, la renovación integral del Parque Lo Morant, de la plaza de Orán y la del Dolçainer Lluis Avellà, así como mejora de las plazas de la Constitución y de El Palamó, además del impulso de proyectos del programa Smart City.
Y ha pedido a los grupos municipales Socialista, Compromís y EU-Podem, que gobiernan con Pedro Sánchez, que reclamen estos fondos europeos para poder sacar adelante los proyectos.
Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha reclamado al gobierno municipal que facilite la denuncia que, según han asegurado, han registrado ante la Comisión Europea por la selección de proyectos que se financiarán con fondos de Bruselas: «Barcala dice que es discriminatorio que se hayan reducido los fondos porque se va a destinar una parte a los municipios afectados por la dana. Hemos solicitado que nos faciliten esa denuncia para que desde el Grupo Socialista Europeo y desde el Grupo Municipal podamos conocer realmente si esa es la causa de que Alicante no haya recibido fondos», ha señalado.
Desde Compromís, su portavoz en el consistorio, Rafa Mas, ha alertado de «la opacidad del proceso, ya que se ha convocado la reunión una vez el ayuntamiento había sido excluido de los fondos Edil». La coalición ha pedido «acceder a la queja que supuestamente se ha presentado ante las instituciones europeas, con el fin de analizarla y apoyarla si procede».
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Por su parte, Esquerra Unida Podem ha denunciado que el documento «no es una explicación, sino una coartada para ocultar su fracaso». Manolo Copé ha señalado que «el proyecto estaba mal planteado, mal justificado y sin un modelo de ciudad detrás», y ha lamentado que ni la oposición conoce quién decidió los diez proyectos finalmente presentados ni con qué criterios se seleccionaron, un proceso que, además, «se ha hecho sin la participación necesaria de la ciudadanía y del tejido social».
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