El Consell aprueba el decreto ley que regula las categorías profesionales y retribuciones del personal investigador
Este marco normativo resuelve las irregularidades en materia de gestión de personal puestas de manifiesto en los informes de auditoría de las fundaciones de investigación
El Pleno del Consell ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes en materia de las categorías profesionales y las condiciones retributivas del personal investigador de las fundaciones e institutos de investigación biomédica del sector público instrumental de la Generalitat.
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Mediante este decreto ley se cumple con la Ley de Investigación Biomédica al establecer una equivalencia entre las categorías del personal investigador y las correspondientes categorías estatutarias del personal sanitario, protegiéndola a través de una norma con rango de ley. Además, regula las condiciones retributivas y abre la puerta a la negociación del resto de condiciones laborales.
Este decreto ley establece un nuevo marco jurídico para el personal de las fundaciones e institutos que gestionan la investigación de los centros sanitarios y hospitales del sistema público sanitario, el cual se integra en la red de centros del sistema nacional de salud.
Asimismo, mediante esta norma, desde la Generalitat se pretende conservar el carácter profesional de la figura del personal investigador sanitario público con el objetivo de garantizar una investigación de calidad en el ámbito de la sanidad, así como ponerla al servicio de la práctica clínica para mejorar la atención sanitaria en la red pública sanitaria.
Por otra parte, el objetivo es proteger la figura de este personal, reconociendo la labor que desempeña y regular sus condiciones laborales para prevenir una mayor fuga a otros territorios.
En cuanto a la carrera y desarrollo profesional que corresponde al personal de las fundaciones de investigación biomédica del sector público instrumental de la Generalitat, se va a implantar de forma progresiva y proporcional durante los años 2025 y 2026.
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Finalmente, la entrada en vigor de este decreto ley posiciona a la Comunitat Valenciana como una de las primeras en establecer un régimen jurídico aplicable al personal investigador que derivará de la negociación colectiva y garantizará su dignidad profesional.
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