Más de 180 médicos de la privada reclaman ante Sanidad por la discriminación en la vacunación covid

187 profesionales que ejercen la medicina privada en la provincia de Alicante han interpuesto una reclamación ante la Conselleria de Sanidad, debido al retraso que sufrieron en la administración de la vacuna del covid respecto a los médicos del sistema público.

El importe de las indemnizaciones a las que deberá hacer frente la administración asciende por el momento a 760.000 euros, cifra que podría llegar a duplicarse, y es que son cerca de 400 los médicos que ejercen la medicina privada en la provincia, y que por tanto podrían ejercer su derecho a reclamación.

La asesoría jurídica del Colegio Oficial de Médicos de Alicante está canalizando estas reclamaciones, con las que cada médico pide 4.000 euros en concepto de daños morales. No obstante, el abogado del Colegio, Guillermo Llago, reconoce que esas cuantías podrían verse incrementadas en aquellos supuestos en que también se reclamen daños personales y patrimoniales.

Se trata de situaciones en las que, por ejemplo, un médico se hubiera visto obligado a coger una baja laboral, o a cerrar su clínica, por haber contraído el covid. «Atenderemos los casos de manera particularizada para conocer si alguno de los colegiados, más allá del estrés al que fue sometido durante la pandemia, también sufrió un perjuicio económico», afirma el jurista.

Los cerca de 200 facultativos que aún no lo han hecho disponen de plazo para reclamar hasta el próximo mes de noviembre; será cuando se cumpla el plazo de un año estipulado desde que se declarara la firmeza de la sentencia. Algo más de tiempo puede que deba transcurrir para que los reclamantes obtengan respuesta, y es que según apunta Llago, la administración pública tarda de media dos años en atender demandas de responsabilidad patrimonial.

Si ese fuera el caso, y habiendo transcurrido el plazo de seis meses que estipula la ley, el letrado reconoce que recurrirán al amparo judicial para conminar a la conselleria a que responda.

Siguiendo la cronología de hechos, cabe remontarse a enero de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana condenó a la Conselleria de Sanidad por no vacunar de igual forma y en las mismas condiciones que a sus compañeros de la sanidad pública. El fallo destacaba que «(…) hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados (…), retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riesgos, lo que evidentemente les perjudicaba».

La Justicia desestimó el recurso posterior presentado por Sanidad, y es que el tribunal concluía que «está más que justificada la invocación de la vulneración del derecho a la salud, e incluso a la vida, por cuanto la exposición de los sanitarios a la infección de una enfermedad tan contagiosa y peligrosa para su integridad física (…)».

La institución colegial alicantina celebró desde un primer momento la sentencia, destacando su carácter «ejemplarizante» y con la pretensión de que «sirva como antecedente para que no se repita lo sucedido». «Ante una situación tan dramática como la vivida, todos los médicos son iguales y no cabe distinguir entre los que ejercen en la sanidad pública o lo hacen de forma privada», destacaban desde el COMA.

Desde la Conselleria de Sanidad declinan valorar la sentencia, aunque reconocen que respetan la decisión judicial. Por otra parte, días después de la firmeza de la sentencia, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, declaraba que dejaría en manos de sus servicios jurídicos de la administración pública la revisión de cada caso. «Analizaremos las reclamaciones y actuaremos en consonancia a las sentencias, las cuales respetaremos absolutamente», declaró públicamente.