Marián Cano acusa a Pedro Sánchez de «demonizar el sector turístico»

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «demonizar el sector turístico» y de «anunciar medidas electoralistas, pero de dudosa viabilidad». El desacuerdo surge tras las declaraciones del presidente, que aseguró que se darían de baja 53.000 «viviendas ilegales» de uso turístico, de las cuales 7.499 se encuentran en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de «convertirlas al régimen de alquiler permanente».

Ante este anuncio, Cano ha señalado: «Se trata de un ataque inaudito contra la propiedad privada. ¿Cómo va a obligar el Gobierno al propietario de un inmueble a que haga lo que él quiera?». La consellera ha manifestado que «este Consell estará siempre a favor de la regulación turística, pero este tipo de anuncios arbitrarios del presidente son un claro brindis al sol que, además, crean expectativas falsas sobre un problema muy real: la falta de vivienda producto de la inseguridad jurídica que crean las políticas de este Gobierno».

Asimismo, ha recordado al Ejecutivo central que las competencias en materia de vivienda turística «son autonómicas» y ha criticado que se estén anunciando «medidas en base a una norma estatal, el Registro Único de Viviendas, que está recurrida en los tribunales por varias autonomías por invasión de competencias.

Cuando se califica esas viviendas de ilegales se hace en base a una regulación que ha sido cuestionada de manera reiterada incluso por informes contrarios del Consejo de Estado». Cano ha lamentado que estas decisiones se adopten «sin ningún tipo de consenso con las entidades competentes en la materia» y ha considerado que «los anuncios tienen como objetivo apropiarse de los logros que autonomías como la valenciana están realizando en vivienda y turismo reglado».

En este sentido, ha recordado que la Comunitat Valenciana ha aprobado una norma autonómica que recientemente ha cumplido un año y que ha permitido «llegar a acuerdos con ayuntamientos para perseguir la economía sumergida en el turismo, cediendo la recaudación de las sanciones a las entidades locales», señalando que ciudades como Valencia, Benidorm o Torrevieja ya han decidido asumir esa gestión.

La consellera también ha subrayado los avances en la depuración del registro autonómico de viviendas turísticas, que con anteriores gobiernos superó las 100.000 inscripciones, y del que «ya se han dado de baja más de 18.000 inscritos que no contaban con la documentación esencial».

Además, ha destacado que se ha reforzado la seguridad para comunidades de vecinos y arrendatarios, «con facilidades para echar a inquilinos molestos». Cano ha asegurado: «Estamos trabajando de la mano del sector para tener un turismo más ordenado y justo para todos, y el Gobierno de España pretende apropiarse de los éxitos de otras administraciones con una norma de dudosa legalidad».

En relación con la vivienda, la consellera ha denunciado la «inseguridad jurídica» que, a su juicio, genera el Ejecutivo central. «El Gobierno de España lleva años utilizando el turismo como chivo expiatorio de sus problemas: el presidente prometió el año pasado crear 43.000 viviendas de alquiler asequible y, a día de hoy, lo único que sabemos es que cada vez hay más pisos vacíos porque los propietarios no quieren arrendarlos por inseguridad jurídica».

Cano ha recalcado que «la vivienda turística no puede ser el principal problema de la vivienda cuando supone menos de un 2 % del parque total de la Comunitat Valenciana, mientras los últimos datos de la Agencia Tributaria nos revelan que una de cada tres casas en la región, casi 760.000 inmuebles, están vacíos o a disposición para alquilar».

Finalmente, ha reclamado al Gobierno central que «deje de demonizar una de las principales actividades económicas para la Comunitat Valenciana», que «genera más de 300.000 empleos y más del 16 % del PIB», y que «se ponga a trabajar para garantizar que cumple sus funciones en el ámbito de sus competencias, pero siempre desde la lealtad institucional y el diálogo con las comunidades autónomas».

Temas

• Turismo
• Pedro Sánchez
• Vivienda