La paradoja de votar por la jornada continua en los colegios: la abstención penaliza como voto negativo

Las familias de Alicante votarán el próximo 4 de marzo si quieren que la jornada escolar de sus hijos sea continuada. Es decir, que las clases se concentren en horario de mañana, y que se complete el tiempo que queda libre tras el comedor con actividades extraescolares -ofertadas de manera obligatoria por el centro, pero de carácter voluntario para las familias-.

Se trata del modelo que se ha ido imponiendo en la provincia de Alicante a lo largo de los últimos años, hasta el punto de que el volumen de centros escolares que han apostado por esta modalidad intensiva es de entorno al 80% -más de 370 entre centros públicos y privados-. Esa proporción contrasta notablemente con el resto de provincias de la Comunitat, donde esa proporción baja hasta el 40% aproximadamente. 

La conselleria de Educación convoca cada año a las familias para que voten si quieren que se imponga ese modelo en los colegios. Un proceso con espíritu democrático, pero que plantea dos paradojas. Por una parte, que se requiera algo más de una mayoría simple para implantar la jornada continua, concretamente el 55%. Y por la otra, que se compute el total del censo para suscribir el acuerdo, y no el número de votos emitidos. En la práctica, eso implica que cada abstención cuente como un voto en contra. 

A consultas de este medio, sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CC.OO) lamentan este modelo, al considerar que «penaliza» la abstención. Para Rafael Martínez, secretario de Educación Pública de CCOO PV, la Generalitat debería «imprimir un carácter más democrático al proceso» lo cual pasa por «incentivar la participación de las familias y dar una mayor difusión a la convocatoria», algo que se podría conseguir mediante más campañas informativas.

Desde CSIF van más allá, y piden que el corte baje hasta el 51% de los votos emitidos, y no el 55%. «La orden replica los criterios anteriores a la pandemia sin tener en cuenta ni adaptarse a la realidad cambiante», reconocen fuentes del sindicato. La entidad sindical también quiere acabar con la norma que impide a un centro votar durante los tres años siguientes a una convocatoria si el resultado de la misma ha sido negativo.

De esta forma, aquellas familias de Alicante que ya votaron por la jornada continua en los cursos 2021/22 y 2022/23 sin haber aprobado el cambio, no podrán hacerlo este año. «Obligar a esperar tres años para poder convocar una nueva votación supone, en la práctica, una limitación de su autonomía», consideran desde CSIF.

Las familias tampoco parecen enteramente satisfechas con el actual modelo, por lo que reclaman cambios en la orden 9/22, que es la que regula el proceso de votación. Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de APAs y AMPAs (Covapa), pide mayor protagonismo a las familias para decidir el tipo de jornada, y alude a la «injusticia» que supone las fases previas a la votación. «Antes de que las familias votemos, el consejo escolar debe decidir si se activa el proceso, que posteriormente deberá estar refrendado por el claustro. Por lo tanto, el mayor peso de la decisión cae en el profesorado y el equipo directivo».

Terrero también lamenta que el voto de las familias no sea delegable, algo que dificulta su participación. «La difícil conciliación con el trabajo impide a muchos padres y madres ir a los centros escolares a votar. Nosotros proponemos que sean los propios escolares los que puedan depositar el voto de sus padres en las urnas, pero desde Educación se niegan a ello. Lo que sí que están abiertos a valorar es que la votación pueda llegar a ser telemática».

Respecto a la preferencia por un modelo de jornada u otro, ambos reconocen que cada modelo tiene sus méritos, y dejan en manos de las familias que decidan de acuerdo a sus necesidades particulares. Por parte de CC.OO, Rafael Martínez reconoce que la jornada continuada tiene «connotaciones positivas», aunque considera esencial que se dote a cada centro con los recursos necesarios para su aplicación. 

En ese sentido, reclaman que las asignaturas extraescolares que el centro está obligado a ofertar sean completamente gratuitas para las familias. En la actualidad, solo el alumnado beneficiario de las becas comedor puede matricularse gratuitamente a las extraescolares, aunque únicamente a un máximo de dos.

En CSIF también insisten en que la conselleria de Educación «financie y articule las actividades extraescolares para facilitar el acceso, de forma gratuita, a todas las familias», y lamenta que «mientras que en otras autonomías la Administración pone los medios necesarios para llevar a cabo estas actividades extraescolares, en la Comunitat, conselleria se exime de esa responsabilidad y la termina dejando en manos de otras administraciones, principalmente locales, y, sobre todo, de la dirección del colegio».

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