Educación elaborará un plan para evitar sobrecostes en las obras de colegios alicantinos

«Vamos a establecer los límites, mecanismos y procedimientos que deben llevarse a cabo en los centros educativos para minimizar los costes de reparación». Con estas palabras ha anunciado el conseller de Educación, Jose Antonio Rovira, el control que hará el Consell de la inversión en los centros educativos de Alicante y el resto de la Comunitat.

En su intervención este jueves en Les Corts, Rovira ha avanzado que se elaborará un Plan Director con el que se quiere asegurar la correcta inversión de los fondos públicos. Según se desprende de sus palabras, el plan servirá para evaluar los pliegos tipo de licitación de servicios y obras, los criterios de funcionamiento de las oficinas de supervisión, los precios de construcción máximos para uso y metros cuadrados (revisión de los módulos y su aplicación), entre otras cuestiones.

«El amiguismo ideológico en la construcción de colegios se ha acabado. La conselleria debe tener un conocimiento real del estado de las infraestructuras para poder dar una respuesta territorial homogénea a las necesidades educativas», ha apuntado Rovira, algo que supone «medir, recopilar y ordenar la información del estado actual de los centros educativos para aplicar procesos de mejora continua».

Así, el conseller ha explicado que Educación va a realizar «una labor de divulgación y transparencia sobre lo que se invierte, por qué se invierte y dónde se invierte, haciendo partícipe a la ciudadanía de los indicadores más representativos analizados para estas decisiones».

«Una transparencia que queda muy lejos de la gestión de la izquierda en el Plan Edificant entre 2018 y 2023, cuando de un total de 1.639 millones de euros presupuestados solo ejecutaron 377 millones, un 23%. Compromís y PSPV nos embaucaron con los presupuestos destinados al Edificant, cuando realmente después no ejecutaron ni una cuarta parte», ha criticado el conseller.

Asimismo, ha lamentado «las prisas de Raquel Tamarit en los últimos días como consellera, cuando firmó, estando en funciones, delegaciones de obras en 12 municipios por un importe de 65,5 millones de euros, razón por la que se ha abierto un expediente de lesividad. «Algunos ayuntamientos llevaban reclamando actuaciones desde 2018. A Compromís y PSPV entonces no les parecieron urgentes, pero cinco años después sí».

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