El Ministerio de Justicia cede y hará efectivas las pensiones alimenticias de menores pero es incapaz de frenar la huelga

El Ministerio de Justicia ha cedido a las exigencias de los técnicos en huelga y, para poner fin al caos generado, ha optado por desbloquear el pago de las pensiones alimenticias de menores y la celebración de matrimonios en el Registro Civil. De hecho, ambas exigencias las ha incuido ahora en los servicios mínimos, decisión que había rechazado antes del inicio de la huelga indefinida.

Aunque este logro les sabe a poco a los letrados de la Administración de Justicia porque al Gobierno se le ha «olvidado», según apuntan, incluir las funciones electorales. Y es que, inciden en que sin el trabajo de los técnicos judiciales no se pueden constituir las juntas, por lo que las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo están en el aire en estos momentos, según aseguran desde las asociaciones.

Los técnicos judiciales critican que ha tenido que transcurrir un mes desde el inicio de la huelga para que el Ministerio haya recapacitado y considerado necesario incluirlos dentro del catálogo de servicios esenciales porque, a su juicio, «solo pensó apagar la huelga en datos numéricos y se olvidó de los ciudadanos y de sus problemas que quedaban sin resolver».

La resolución de 19 de enero de 2023, por la que se fijan los servicios mínimos para la huelga convocada a partir del 24 de enero, disponía en su último apartado que estas actuaciones podrán ser modificadas en atención a las incidencias en el funcionamiento de la Administración de Justicia que se puedan producir a lo largo de la duración del paro indefinido.

En lo que respecta a las negociaciones entre las partes afectadas, lo cierto es que no se ha sellado ningún tipo de acuerdo que frene la huelga. De hecho, la segunda reunión celebrada este viernes 24 de febrero entre los LAJ y el Ministerio que dirige Pilar Llop, lo que ha dejado claro es que la huelga, que comenzó hace justo un mes, sigue su cauce. Aunque ambas partes se han emplazado a una nueva mesa de negociación el próximo lunes, 27 de febrero, a las 16 horas.

A diferencia de la primera mesa de negociación, la tensión parece haberse rebajado. El Ministerio considera que la asamblea ha sido «constructiva» y los técnicos judiciales han celebrado que esta vez Justicia «sí que se ha puesto a negociar», pese a que las posturas todavía están «alejadas».

Los funcionarios cifran ya en unas 300.000 las vistas y juicios suspendidos desde el inicio de los paros. Ante esta situación, la cartera que dirige Pilar Llop ha acordado, una vez ha escuchado al comité de huelga y «sin su oposición», incrementar los servicios mínimos e incluir el pago de pensiones alimenticias de menores y la celebración de bodas civiles.

El departamento ministerial, mediante un comunicado, ha afirmado que ha realizado una propuesta al comité de huelga «para solucionar el conflicto» y que, aunque los representantes de los LAJ la han considerado «insuficiente», se han comprometido a estudiarla y a presentar una contrapropuesta.

La propia ministra, que no ha participado en las reuniones con los huelguistas, ha confirmado ante los medios de comunicación que «ha habido un diálogo constructivo y en buen tono». Además, ha garantizado que está volcada en absolutamente todos los asuntos que conciernen al Ministerio, algo que demuestra «día a día».

Por otra parte, Carlos Artal, miembro del comité de huelga y de la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), ha asegurado que comienzan de cero. «El pasado es pasado y vamos hacia delante». Artal ha expresado que se ha rebajado el clima de tensión que había entre el Ministerio y los funcionarios tras la reunión de la semana pasada.

La mesa de diálogo, a la que han acudido seis miembros del comité de huelga y siete del Ministerio, ha sido presidida por el secretario general para Ia Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo. La anterior fue dirigida por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. Olmedo será también el que reciba a los funcionarios el próximo lunes.

El cambio ha sido valorado de «positivo» por el comité de huelga porque consideran que Olmedo tiene «un talante diferente al secretario de Estado» y creen que el cambio de interlocutor favorece la negociación, ya que se podrá avanzar más hacia un acuerdo.

Reseñar que el pleno del Congreso aprobó el pasado jueves 23 de febrero varios puntos de una moción del PP por los que se insta al Gobierno a la pronta resolución del conflicto con los letrados de la Administración de Justicia. El PSOE y Podemos votaron en contra.

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