Inquietud entre 50.000 funcionarios de Alicante al quedar en el aire su atención sanitaria y la de sus familias

La cercanía en el tiempo de la trágica DANA ha impedido que decenas de funcionarios salieron este pasado lunes a las calles de Alicante para protestar por las dudas que planean sobre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). A excepción de en la Comunitat Valenciana, el sindicato CSIF había convocado protestas por toda España (tanto este lunes como el próximo día 16) por la «inactividad total y absoluta» del Gobierno tras quedar desierta la licitación de este servicio para el periodo 2025-2026.

Esta falta de acuerdo entre el Gobierno y las tres entidades (Adeslas, DKV Seguros y ASISA) que ofrecen asistencia sanitaria a través de Muface, siembra la duda sobre este modelo asistencial para las alrededor de 50.000 personas que en la provincia de Alicante se benefician de él. 

En la última licitación, el Gobierno planteaba una subida en las primas del 17,12% en dos años; una oferta que las tres aseguradoras consideraban insuficiente en términos económicos, por lo que decidieron no presentarse al concurso. 

Ese porcentaje se queda lejos del 40% que pedían las tres entidades con tal de hacer frente a las «pérdidas millonarias» que aseguran haber sufrido en los últimos años. Aunque Muface propuso en el mes de septiembre una subida de la prima de un 24% para 2025, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública rebajó la cifra a un 14% en la última reunión, incrementando al 17% la propuesta final aprobada en Consejo de Ministros. 

Tras declararse desierto el concurso, desde el Ministerio han asegurado que se va a empezar a trabajar «de inmediato» en una nueva licitación para la atención sanitaria de los mutualistas «más atractiva» para las aseguradoras. Sin embargo, para el presidente provincial de CSIF en Alicante, Javier Tovar, estas explicaciones son «insuficientes» y la actitud del Gobierno «pone en peligro la viabilidad» de esta mutualidad.

Ante la cercana fecha límite en que finaliza el actual contrato (1 de febrero de 2025), el sindicato alerta del «grave perjuicio» que supondría para la Sanidad pública el fin del modelo Muface, ya que esta debería asumir la asistencia de funcionarios y sus familias de la Administración del Estado, Docentes, Administración Autonómica, Correos y Policía Nacional entre otros.

Entre los perjuicios que ocasionaría esta situación, aluden a la falta de disponibilidad de los historiales clínicos de los mutualistas en los centros de salud y hospitales, así como en las farmacias, al no estar activada la receta electrónica para ellos en la Comunidad.

Además, también anticipan más retrasos en las listas de espera de la atención primaria y en los hospitales de los departamentos de salud del sistema público. De cara al nuevo proceso de licitación, el sindicato pide una subida de primas que permita la continuidad del modelo que, según calculan, permite ahorrar al Estado 1.000 millones al año.

La posibilidad de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tenga que asumir la atención de estos miles de funcionarios parece estar encima de la mesa del Gobierno. Al respecto de eso, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba recientemente que «si, al final, hay que absorber a esa población« que actualmente recibe atención sanitaria a través de Muface, el SNS »es un sistema robusto« que puede darles servicio y »estaríamos orgullosos de darles servicio a nuestros servidores públicos y funcionarios».

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