Los letrados de la Administración de Justicia se plantan ante el 'ninguneo' del Ministerio

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJs), anteriormente denominados secretarios judiciales, han convocado una movilización para el 14 y 15 de diciembre que ha obligado a suspender cientos de actuaciones en la provincia de Alicante, al igual que en el resto de España. Además, confirman que esta huelga será indefinida a partir del mes de enero.

Los técnicos judiciales, reclaman, entre otras exigencias, una adecuación salarial que equipare su salario con el 75% del sueldo de jueces y fiscales tras la reforma de las leyes procesales de 2009, que les atribuyeron más funciones, competencias y responsabilidades.

El pasado mes de abril el Ministerio de Justicia se comprometió por escrito con las asociaciones de Letrados de Justicia a compensar económicamente esas nuevas funciones a través de dos vías: la reducción de los grupos de población o la cláusula de enganche.

El primer camino para resolver el conflicto consiste en «enganchar» el sueldo de los letrados al de los fiscales y jueces vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. Es decir, asegurar que los LAJ nunca pudiesen cobrar menos del 75 % -ahora están en torno al 65 %- del salario de los jueces y magistrados.

Los letrados piden que ese porcentaje sea el 85% y el Ministerio lo ha reducido en un 10 %. Actualmente, cada colectivo de trabajadores cobra según su decreto de retribuciones que no están vinculados.

La segunda vía, propuesta por el Colegio, es reducir los grupos de población de cinco a tres, de esta forma los que perciben un salario menor por estar destinados en pequeños núcelos urbanos aumentarían sus retribuciones. En la actualidad, los letrados cobran según las poblaciones a las que sirven y tienen cinco grupos en vez de tres, a diferencia de otros funcionarios de Justicia de la misma categoría.

En cualquier caso, ambos caminos llegan al mismo destino: adecuar las retribuciones de los técnicos judiciales a sus funciones, competencias y responsabilidades.

El sector tomó la decisión de desconvocar la huelga que tenían prevista para abril del 2022 tras los acuerdos. Pero la situación no ha cambiado y los técnicos judiciales acusan al Ministerio de Justicia, de no solo no cumplir lo que prometió, si no de «boicotear su propio compromiso».

Las asociaciones de letrados que convocan la huelga denuncian que el Ministerio aún no ha presentado una propuesta concreta y no ha reconocido ni la reducción de los grupos de población ni la cláusula de enganche.

El único grupo parlamentario que ha recogido la petición de los técnicos judiciales ha sido Ciudadanos, que incluyó en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa una enmienda al respecto. Enmienda que cuenta con el apoyo del resto de grupos políticos, quienes se han comprometido a votar a favor.

Las funciones de los letrados son de carácter técnico: ordenan e impulsan el proceso judicial y son responsables de la documentación. También se encargan, entre otras cosas, de formar los autos y expedientes para dejar constancia de las resoluciones que dictan los jueces y magistrados, y de tareas de organización, gestión e inspección.

La huelga convocada por los técnicos judiciales supone una paralización absoluta de la justicia, debido a que cuando paran su labor, el resto de los funcionarios de los juzgados y los jueces no pueden realizar sus tareas sin su ayuda o supervisión.

Los letrados entienden el daño que hace a la ciudad este parón judicial, pero aseguran que se han visto obligados a tomar esta decisión tras no recibir ninguna oferta del Ministerio. Por lo tanto, durante el miércoles 14 de diciembre y el jueves 15 la ciudad de la Justicia se paraliza y solo se celebrarán casos urgentes.

Temas

• Ministerio de Justicia
• Juzgados