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Apertura del tramo de paseo efectuada esta semana por operarios municipales. AO

Fin a la batalla legal por un tramo de paseo en la costa provincial alicantina que enfrenta a vecinos y ayuntamiento desde hace 30 años

L a disputa comenzó en 1995, si bien llegó a los juzgados en 2016, cuando los residentes denunciaron el derribo de lo que consideraban un muro de su propiedad | El espacio vuelve a ser público desde hace escasos días

Inés Rosique

Alicante

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:27

Un tramo de paseo de 30 metros lineales es el desencadenante de una batalla legal que se alarga desde hace casi una década, aunque su origen se remonta a 1995, en uno de los puntos más turísticos de la costa provincial de Alicante. Un conflicto que ha enfrentado al Ayuntamiento de Orihuela con la comunidad de vecinos de Bellavista, en Cabo Roig.

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Los problemas jurídicos surgieron en 2016, cuando un juez reconoció el carácter privado del espacio, si bien los recursos del Consistorio, aunque lentamente, han ido progresando hasta que este mismo mes de agosto el municipio oriolano ha podido recuperar el ansiado trozo de paseo marítimo. Previamente, hubo que tramitar una expropiación y finalmente, con el respaldo judicial, abrir el acceso para volver a convertir ese tramo en una zona de esparcimiento público.

La historia comenzó en 1995, cuando una comunidad de vecinos levantó un muro que taponaba el camino entre Aguamarina y La Caleta. Dos décadas después, en 2015, el Ayuntamiento aprobó su destrucción, pero los vecinos se querellaron contra la decisión y recurrieron a la justicia.

Playa La Caleta en Orihuela. TCV

Finalmente, en 2016, la justicia acabó dando la razón a los propietarios y resolvió que si el ente local quería hacer un uso público de ese tramo de paseo, debía recurrir a la expropiación del terreno. El Ayuntamiento tardó en comenzar los trámites y no fue hasta 2021 cuando se inició el expediente de expropiación, dando paso así al segundo frente de batalla.

En esta segunda disputa por quién se quedaba el trozo de paseo el protagonista fue el dinero. Ninguna de las dos partes se ponía de acuerdo en el valor real de este terreno. Por un lado, el Ayuntamiento lo valoraba en 69.113 euros, mientras que los propietarios elevaban la cifra hasta los 3 millones. Ante esta diferencia, las partes se vieron obligadas a volver a acudir a la justicia.

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Estado en el que se encontraba el paseo, con el acceso cerrado. AO

Este rifirrafe económico se resolvió en el Jurado Provincial de Expropiación, que tasó el valor de la parcela en 26.180 euros en abril de este mismo año 2025. Según fuentes municipales, uno de los últimos movimientos por parte del Ayuntamiento fue el ingreso del talón en la Caja General de Depósitos. A lo que, según las mismas fuentes, la comunidad se habría negado a recibir y cobrar el cheque.

Fue el pasado martes 19 de agosto cuando los obreros del Ayuntamiento tiraron la puerta abajo y colgaron un cartel que rezaba «Paseo Marítimo. Acceso Público». De esta manera, parece que, por ahora, se acaba la disputa por los 30 metros lineales del tramo.

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La Policía cuelga el cartel que indica que ahora es un acceso público. AO

Este tira y afloja entre la administración y la comunidad se convirtió en una tortura para el resto de vecinos que, si querían cruzar a la playa de La Caleta, debían dar un rodeo de casi dos kilómetros a pleno sol y con el calor apretando. Sus reclamaciones comenzaron cuando se instaló el muro, pero no fue hasta 2023 cuando elevaron una queja al pleno.

Por otro lado, la política no se ha quedado al margen. Partidos de todos los colores se han acusado de no ser efectivos y tener la culpa de lo que sucedía en ese tramo del paseo. Hace una semana ldesde el PSOE acusaban al gobierno de PP y Vox de alargar la agonía de los vecinos al no recurrir a la justicia por el tema de rechazo de la comunidad sobre el cheque.

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A lo que el equipo de gobierno contestaba que la oposición daba muestras de ser irresponsable e ignorante sobre las leyes de expropiación forzosa, pues, según ellos, aún no se habían cumplido las fases de pago, consignación y ocupación antes de solicitar el auxilio judicial.

Finalmente, la recuperación pública del espacio se hizo efectiva esta semana con el respaldo judicial. El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado que «se culmina un procedimiento largo y complejo, que se ha seguido con todas las garantías jurídicas, y que permite que Orihuela Costa recupere uno de sus espacios más emblemáticos».

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